Pasos decisivos está dando el Congreso para la implementación del nuevo proceso constituyente. Luego de la publicación el martes del texto de la reforma que lo habilita, ayer el Senado procedió a la designación de sus representantes en la comisión mixta que discutirá el reglamento del futuro Consejo Constitucional, a partir de una propuesta elaborada por las secretarías de ambas cámaras. Los diputados elegirán hoy a sus representantes en esa comisión, y el viernes comenzará a sesionar la instancia, en la idea de que el texto final sea votado por las salas de las dos ramas legislativas el miércoles de la próxima semana.

Pero los hitos en el calendario de los congresistas distan de agotarse ahí. También la próxima semana, primero la Cámara (martes 24) y luego el Senado (miércoles 25), elegirán cada uno a doce de los 24 integrantes de la Comisión Experta encargada de elaborar el anteproyecto de propuesta que servirá de base para el trabajo de los futuros consejeros. La nominación de estos expertos considerará la actual conformación de partidos y fuerzas en cada cámara (se calcula que se podrá nominar un experto por cada trece diputados y también uno por cada cuatro senadores), y deberán ser ratificados por un quorum de cuatro séptimos. Tanto el Senado como la Cámara deberán designar igual número de hombres y de mujeres. Y a todas estas nominaciones se agregarán las de los catorce abogados que integrarán el Comité de Admisibilidad, órgano encargado de asegurar el efectivo cumplimiento de las 12 bases institucionales que deberá respetar y contener la propuesta constitucional. Este comité será propuesto, en una sola nómina, por la Cámara de Diputados para su ratificación por los senadores, en votaciones que también tendrán lugar el martes y miércoles de la próxima semana.

La sola reseña de este intenso cronograma es reveladora de hasta qué punto este proceso resulta muy diferente del anterior. En efecto, en 2019 el Congreso entregó —en lo que algunos críticos llegaron a calificar como una verdadera abdicación— sus facultades constituyentes a una Convención solo limitada por un conjunto muy acotado de restricciones. Ello de alguna forma alentó la pretensión refundacional de esos convencionales, al punto de autoasignarse la condición de poder originario, como lo consagraron en su reglamento. Esta vez, en cambio, los parlamentarios han asumido un papel decisivo para el curso del proceso, estableciendo no solo sus bases, sino incluso siendo ellos los que determinarán las reglas de funcionamiento del Consejo. Las nominaciones de la Comisión Experta y del Comité de Admisibilidad serán, obviamente, otras formas de incidencia determinantes. Todo ello debiera garantizar el desarrollo de una discusión mucho más sobria, la cual, evitando los desbordes de la fallida experiencia anterior, consiga en cambio llegar a un texto que —equilibrando nuestra tradición jurídica y la necesidad evidente de cambios— logre un apoyo amplio en la ciudadanía.

Ninguna prevención podrá garantizar empero el éxito del proceso si los actores involucrados no asumen sus tareas con la debida responsabilidad. Es en este punto donde las decisiones que durante la próxima semana adoptará el Congreso adquieren una importancia crucial. Más allá de la legitimidad institucional de las designaciones a realizar, la credibilidad del proceso y su posibilidad de reencantar a la ciudadanía dependerán críticamente de la nominación de personas que efectivamente conciten un respeto transversal y que, aun teniendo militancias o adscripciones ideológicas, tengan la capacidad de construir acuerdos razonables. Parece obvia la tentación que pudieran tener los partidos de recurrir a operadores que les garanticen la defensa de sus prioridades e intereses, tanto en la Comisión Experta como en el Comité de Admisibilidad. Ello sin embargo infligiría un daño severo al proceso y su prestigio, incluso antes de iniciarse cualquier discusión de contenidos. Más aun cuando subsisten sectores radicalizados que, sin haberse resignado a la derrota del pasado 4 de septiembre, continúan empeñados en encontrar formas de erosionar la legitimidad de esta nueva oportunidad constitucional que el país se ha dado.