Coincidentemente, por estos días tanto en Chile como en Argentina se tramitan sendas acusaciones constitucionales. En el último país, se ha acusado a todos los integrantes de la Corte Suprema en funciones (hay un cargo vacante), mientras que, en el nuestro, se lleva adelante una acusación contra una ministra renunciada, y otra contra uno en funciones.

En ambos casos, estamos ante el uso de un instrumento diseñado para defender la democracia para fines que, en efecto, la erosionan. Así, tanto en Chile como en Argentina sectores políticos muy diferentes entre sí (difícil imaginar mayor distancia entre nuestra oposición y el oficialismo trasandino), pero que comparten el crudo hecho de contar con mayorías suficientes para hacerlo, se han embarcado en acciones que, en lugar de afianzar el Estado de Derecho, lo dejarán aún más debilitado.

Mientras en Argentina el juicio político contra la Corte Suprema aparece como una grotesca maniobra desplegada por el gobierno para intentar controlarla (Human Rights Watch y juristas como Roberto Gargarella han denunciado los hechos como un ataque a la independencia judicial), en Chile las acusaciones solo vienen a acentuar la peligrosa tendencia hacia un parlamentarismo de facto, y la pulsión exhibida por el Congreso por encontrar atajos constitucionales (como ocurrió, también, en los sucesivos retiros de fondos previsionales).

En el caso argentino, el juicio a la Corte Suprema ocurre solo semanas después de que el Presidente Fernández anunciara que no acataría un fallo de la misma (declaración tan groseramente inconstitucional que luego tuvo que relativizar). Esto parece confirmar que lo que busca el oficialismo es intervenir un órgano que ha jugado un importante rol de contrapeso frente a un gobierno indiferente a las formas jurídicas. En paralelo al juicio político, el oficialismo lidera un proyecto de ley que busca triplicar el número de integrantes de la Corte (de cinco a 15), lo que le permitiría contar con una “mayoría automática” en la última, gracias a la designación de jueces afines.

Pasando a Chile, la acusación contra la ministra Ríos representa una precipitada respuesta a una —criticable, pero aparentemente legal— decisión presidencial de indultar a individuos reincidentes. Y la que se ha planteado contra el ministro Jackson, parece haber sido gatillada por la difícil relación entre el acusado y parte del Congreso. En el primer caso, se busca remediar un mal —indultos inapropiados— con otro peor, la transgresión de la Constitución, que dispone que la responsabilidad en estos casos es personalísima, y la acusación un recurso de “ultima ratio”. En el segundo caso, se está utilizando un mecanismo diseñado para sancionar ilícitos constitucionales para el banal objetivo de expresar el desagrado personal hacia un ministro.

Olvidando que en el ordenamiento chileno la acusación constitucional solo procede ante ilícitos constitucionales graves y comprobados, sectores opositores que en la administración anterior fueron víctimas del abuso de esta herramienta por parte de la coalición que hoy gobierna parecen estar cobrándose una revancha, sin advertir que con su actuar cementan aún más el uso distorsionado de la acusación constitucional. Así, en lugar de proceder ordenadamente, esto es, investigando primero y acusando después, la oposición ha anunciado —improvisadamente, después de haber impulsado un juicio político— una Comisión Investigadora para el caso de los indultos, la que inevitablemente dará a conocer sus hallazgos después de votada la acusación contra la exministra Ríos, exponiendo al país al ridículo de que —luego de eventualmente sancionar a la última—, la Comisión pudiera llegar a la conclusión de que la anterior es inocente de los ilícitos constitucionales que se le imputan.

Así las cosas, Chile y Argentina parecen estar convergiendo en un peligroso desprecio por la Constitución y las leyes. En nuestro país, para enviar “señales” contra la delincuencia; para tomarse una revancha; o para atacar a un Presidente debilitado. Y en el vecino país, para destruir la independencia de la judicatura. En esta era de la erosión democrática, uno esperaría que, a ambos lados de la cordillera, primara la sensatez en el uso de mecanismos pensados para proteger el Estado constitucional y democrático de Derecho, y no para socavarlo. Dicho esto, en ambos países se está aún a tiempo de rectificar.

Javier Couso
UDP/U. de Utrecht