Así la denominó en su editorial el diario español El País. “La improvisación y el perfil de algunos indultados por el Presidente Boric causan el cese de una ministra y su jefe de gabinete”, fue su bajada. Mejor síntesis imposible.

Buena parte del debate se ha centrado en las llamadas “desprolijidades”, así como en las declaraciones del Presidente Boric. No vendría mal, sin embargo, volver sobre la decisión misma y sobre lo que esta sugiere respecto a sus intenciones y al fundamento de las actuaciones.

¿Qué estaría en su cabeza al momento de tomar tan polémica decisión? ¿Creyó acaso que la notoria mejoría del Gobierno y del clima político tras el cambio de gabinete que siguió al 4-S y el acuerdo sobre el proceso constituyente le daban una ventana de oportunidad para cumplir con una promesa postergada? ¿No evaluó el rechazo que provocarían en una opinión pública que hoy mira con ojos mucho menos complacientes los sucesos de 2019 y las debilidades ante el tema del orden y la seguridad? ¿No se dio cuenta de que estaba dinamitando los puentes que la ministra Tohá había construido laboriosamente para alcanzar un acuerdo con la oposición en estas materias?

Nadie conoce las respuestas a esas interrogantes. Como hipótesis, sin embargo, cabe especular que el Presidente tuvo dos tipos de motivos: unos de tipo moral y otros de tipo estratégico.

Entre los primeros probablemente estuvo ser fiel a un convencimiento personal: que mantener en prisión a los detenidos en el “estallido” es una injusticia que debe ser reparada, como lo dijo durante la campaña presidencial. Exploró la fórmula de la amnistía, que se asocia a la idea de perdón y reconciliación, pero ella no contaba con respaldo en el Congreso. Solo le quedaba el indulto, facultad que ha sido siempre muy costosa, personal y políticamente, para los mandatarios que la han ejercido desde 1990 a la fecha. Su empleo en este caso, aunque benefició a un grupo pequeño, tenía un incuestionable valor simbólico: lo hace solidario de la suerte de individuos que participaron —de la forma que sea— de un evento histórico (el “estallido”) que en parte explica por qué Boric está en La Moneda.

No sabemos —quizás ni él mismo lo sabe— lo que hay detrás de su sensibilidad hacia las deudas, pero no hay duda que su carisma está asociado con ella. Lo que sabemos bien es que, cuando se inspiran en este tipo de motivaciones, las decisiones no pasan por consultas colegiadas ni por la evaluación de sus consecuencias: lo que impera es más bien el diálogo interno, la satisfacción con la imagen que la persona tiene de sí misma, y la correspondencia con la que proyecta.

Los motivos de orden estratégico fueron seguramente dobles. De un lado, la voluntad de “recompensar” la lealtad de Apruebo Dignidad, que aceptó la petición del Presidente y se cuadró con el acuerdo del 12 de diciembre. Sus partidos aceptaron también el profundo ajuste de la agenda y de los equipos de gobierno tras el 4-S. De otro lado, es probable que los indultos tuvieran la intención de debilitar una de las principales banderas de los desórdenes públicos (“libertad a los presos de la revuelta”) y emanciparse de cualquier culpa o limitación a la hora de respaldar la acción de Carabineros. De esta forma los indultos habrían sido —a ojos de Boric— algo así como una “inversión en estabilidad y seguridad”, tanto desde el punto de vista del cierre exitoso del proceso constituyente, del respaldo de su base política originaria a la gestión gubernamental, y de la posibilidad de conjurar la violencia social. Pocos, sin embargo, lo entendieron así: se lo acusó exactamente de lo opuesto.

Más allá de los procedimientos y declaraciones, ¿fueron errados los indultos? Es aún temprano para un juicio concluyente. Lo claro es que provocaron un terremoto político solo comparable con el del 4-S, que obligará al Presidente Boric a multiplicar los esfuerzos para recomponer los puentes destruidos y las confianzas dañadas.