Una serie de importantes secuelas económicas se están empezando a producir a partir de la persistente distorsión de precios que diversas políticas han introducido en los últimos años en el país. Quizá el caso más evidente dice relación con la tarifa del Transantiago, puesto que, luego del estallido de octubre de 2019, las tarifas se han mantenido congeladas por más de tres años, pese al importante aumento de costos que ha enfrentado el sistema. Producto de ello, se ha acumulado una importante diferencia entre el precio cobrado al público y los costos reales, lo que ha sido compensado con un incremento muy significativo en los subsidios públicos, sustrayendo recursos a otras urgencias sociales.

Tal vez más complejo aún es el caso de las tarifas eléctricas. Allí el congelamiento se ha aplicado mediante un “fondo de estabilización” que, financiado por las generadoras, cubriría las diferencias entre el precio estabilizado y el costo real; la idea era que, cuando entraran en vigencia nuevos contratos, licitados a valores más bajos, ello no se traspasaría a tarifas, de modo que las empresas podrían compensar lo antes no cobrado. Se calculaba que este fondo podría operar hasta 2027; sin embargo, el alza del dólar ocasionó costos imprevistos y los recursos se agotaron el año pasado. Frente a la disyuntiva de aplicar un brusco aumento de tarifas, el Gobierno optó por establecer un nuevo mecanismo estabilizador, que dejó sin ajustes los precios pagados por la mayoría de los consumidores residenciales. Resultado de ello, la esperada baja del costo de la energía que se proyectaba para los próximos años gracias al ingreso de más proyectos no convencionales probablemente no ocurra. Pero existe además el riesgo de que este segundo fondo también se agote anticipadamente, y las autoridades se encuentren en la disyuntiva de permitir que las tarifas suban bruscamente para reflejar los costos reales o intenten evitarlo mediante otro fondo más, en una suerte de “bicicleta” regulatoria.

En efecto, el aumento de los precios de los servicios básicos representa un costo político que los gobiernos no desean asumir y precisamente la experiencia de octubre de 2019 resultó en ese sentido traumática. Aun así, es preocupante constatar cómo se han diseminado las iniciativas que introducen distorsiones en los precios, y cómo éstas han ido encontrando adeptos en el sistema político. Uno de los principios básicos de la buena asignación de recursos en la economía es que los precios reflejen adecuadamente los costos marginales de producción. De otra manera, si el costo de producir una unidad adicional es mayor que el precio, el productor tiene un menor incentivo a generarlo. La distorsión introducida por fijaciones que no incorporan el análisis de marginalidad fue ampliamente usada en el pasado en Chile —y sigue siéndolo en otros países— como forma de evitar alzas de servicios regulados, siendo una de las causas de una histórica baja productividad.

En una mirada de corto plazo, cuando hay grandes inversiones realizadas y por ende la infraestructura productiva ya existe, el incentivo a distorsionar precios es particularmente alto, toda vez que conlleva una redistribución de ingresos desde las empresas a los consumidores. El problema —difícil de avizorar en una mirada inmediatista— se produce en el mediano y largo plazo, cuando estas distorsiones son incorporadas en las decisiones de inversión de las empresas, operando como un desincentivo a desarrollar nuevos proyectos y se traducen en un progresivo deterioro de los servicios provistos.

Existen buenas razones para asegurar el acceso de los sectores de menores recursos a los servicios básicos o al transporte. Pero la forma razonable de hacerlo es subsidiando la demanda o bien recurriendo focalizadamente a transferencias directas. Distorsionar, en cambio, las señales de precios conlleva costos económicos importantes que a la larga pagará toda la población y en particular aquellos hogares más vulnerables.