Señor Director:

Si los parlamentarios aceptaran subir la cotización para pensiones en 6%, los salarios líquidos crecerán menos que la inflación en los próximos años.

Hablamos de un costo enorme para los empleadores, de 1,7% del PIB, cerca de 5 mil millones de dólares por año. La mayoría de los empleadores descontará esa mayor cotización de los reajustes de sueldos. La gradualidad de seis años (1% cada año) no evitará la caída en los sueldos líquidos reales porque la productividad laboral está creciendo más lentamente (0,6% en promedio en 2019-2022 para la economía no minera, según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad). Entre los empleadores que sufran una productividad estancada y que no logren descontar de los sueldos ese 6%, varios reducirán el empleo y otros migrarán a la informalidad.

El Gobierno niega esto en su “Informe de Impacto Regulatorio”, pero no es confiable. Llega al extremo de pronosticar un aumento de 10,7% en el empleo del quintil de menor ingreso, lo que contradice mucha otra evidencia nacional e internacional. Atribuye una influencia desmedida a una anotación extra en los registros “nocionales” de $12.200 al mes para quienes declaren sueldos de $450 mil/mes, omitiendo que después se les acreditaría un interés disminuido y que esa suma solo sería acreditada cuando coticen, es decir, rara vez en promedio en ese segmento. Peor, el pronóstico de ese informe es para un siglo más (sí, para el año 2120), pues omite por completo la transición.

La reciente encuesta de Espacio Público-PNUD no pregunta si las personas están dispuestas a sufrir estos daños hoy. La única pregunta que menciona este “detalle” dice al encuestado que el 6% “será pagado por el empleador”. La evidencia demuestra lo contrario: la mayor parte de la incidencia será sobre los trabajadores.

Se debería, al menos, condicionar cada incremento de cotización a que los salarios líquidos reales no hayan caído y a que las lagunas de cotización no hayan aumentado.

Salvador Valdés P.
Senior fellow UAI