Señor Director:

En el último tiempo ha proliferado en Chile la “cultura de la cancelación” en el nombramiento de autoridades públicas, extendiéndose con particular gravedad a los abogados, que son cuestionados por asumir la representación de personas naturales o jurídicas cuya imagen pública es controvertida por un sector de la población o son consideradas culpables, aún sin juicio ni sentencia judicial que así lo declare.

Así, se ha cuestionado la idoneidad de algunos para un cargo público por haber defendido a inculpados que, gozando de la presunción de inocencia, son imputados de delitos sexuales, de violencia de género o cualquier otro delito o infracción relevante.

Esta mala práctica tiene consecuencias indeseadas que hay que considerar.

Constituye, en primer lugar, una limitación al derecho fundamental de toda persona a contar con defensa jurídica competente de sus derechos e intereses, pues abogados interesados en los asuntos públicos no querrán asumir la representación de aquellas, poniendo en riesgo este derecho fundamental reconocido por distintos tratados internacionales.

También pone en jaque a los propios abogados, que cumpliendo su deber profesional, prestan asesoría jurídica con rigor y eficiencia, al verse expuestos al linchamiento público por ejercer su profesión. Esta práctica busca denostar la honra y prestigio de quienes ejercen su profesión conforme a la Constitución y las leyes, estableciendo una suerte de impedimento ético para el ejercicio de ciertas funciones públicas. Lo anterior es tan absurdo como juzgar a un médico por las cualidades morales de sus pacientes o a un profesor por sus alumnos.

Es urgente terminar con esta “cultura de la cancelación”, pues existe el riesgo de que profesionales competentes se resten en el futuro de asumir cargos públicos, para no exponerse al triste espectáculo de las redes sociales, los medios de comunicación y de algunos políticos que los denuestan simplemente por hacer su trabajo.

Juan Carlos Ferrada
Felipe Riesco
Abogados