El rápido trámite —seis días en el Senado y cuatro en la Cámara— que requirió el Congreso para aprobar la reforma que permite implementar el llamado Acuerdo por Chile es indicativo del nuevo espíritu con que el Poder Legislativo ha abordado el tema constitucional luego del fracasado proceso anterior. A la frustración que este último dejó, y a la constatación de que la población esperaba algo muy distinto de lo que se le ofreció, se sumó el que esta reorientara sus preocupaciones a los apremiantes problemas económicos generados por la combinación de la pandemia y los múltiples efectos económicos y políticos de la revuelta del 18 de octubre de 2019. En ese escenario, el Congreso entendió la necesidad de actuar con unidad, celeridad y responsabilidad, algo que no había ocurrido en el pasado reciente, y, por ejemplo, la Cámara aprobó la propuesta con más de dos tercios de los votos, a pesar de que solo requería 4/7.

El hecho de que el camino que ahora se inicia requiera redactar la nueva Constitución incorporando doce bases institucionales que recogen lo mejor de la tradición republicana y algunos elementos modernos de reconocida eficacia, y el que en el proceso participen un Consejo Constitucional elegido mediante el voto popular, con una Comisión de Expertos y un Comité Técnico de Admisibilidad escogidos por el Congreso, en un afinado esquema de pesos y contrapesos, le auguran a todo el proceso una mayor probabilidad de converger hacia una Carta susceptible de recibir un apoyo sustantivo de la población en el plebiscito de salida del 17 de diciembre.

Es significativo que el país se encamine a superar la crisis del último trimestre de 2019 mediante una salida institucional: un plebiscito de entrada para decidir cambiar la Constitución, la posterior elección de una Convención para redactarla y un plebiscito de salida para decidir respecto de la propuesta entregada. Luego del rechazo de aquella, se ha decidido, otra vez de manera institucional, la realización de un nuevo proceso, mejor pensado que el anterior, aprovechando las lecciones aprendidas de aquel. Esto habla de un sentido cívico, tanto de la población como de la clase política, que distingue a Chile de otras experiencias constitucionales de la región, y que sería positivo pudiera reflejarse también en el tratamiento de otras materias.

Queda, sin embargo, un largo proceso por delante, cuyas distintas instancias requerirán de la misma madurez, responsabilidad y unidad de propósito exhibidas hasta ahora. La población debería dejar que el proceso se desenvuelva siguiendo el itinerario establecido, pues es lo que mejor asegura buenos resultados. El Ejecutivo, por su parte, debería permanecer al margen de su desarrollo, y dedicarse efectivamente a gobernar, haciéndose cargo de los muchos problemas que el país enfrenta.