Señor Director:

La macrozona sur requiere urgente el ingreso de las indicaciones comprometidas por el Gobierno para mejorar la ley de usurpaciones. Esperamos que este cumpla su compromiso antes del receso parlamentario que se inicia en febrero, para que este problema se aborde con la celeridad que requieren las víctimas.

Valoramos la propuesta, resultado de un trabajo legislativo transversal, ya que permitirá combatir de mejor manera las usurpaciones. Además de ampliar la calificación de toma violenta a acciones en las que se insultó o amenazó verbalmente a las víctimas, aumentará el tiempo de flagrancia para perseguir este delito. Asimismo, endurecerá las multas y penas para quienes lo cometen.

Si la iniciativa avanza con rapidez en el Congreso, se podrían desincentivar las usurpaciones. Solo en 2022, en la macrozona sur se produjeron 124 tomas de predios, según cifras de Carabineros. Esto, para la agricultura, provoca una importante merma productiva, ya que se trata de tierras que no pueden seguir generando alimentos.

A lo anterior se suma una arista no resuelta: las contribuciones impagas que acumulan los dueños de predios tomados. Muchos, al no poder trabajar sus tierras, no han contado con los recursos para saldar esta deuda y corren el riesgo de perder su propiedad.

Por eso, esperamos que vea la luz en el Senado el proyecto que busca que el Servicio de Impuestos Internos exima de este pago a quienes tienen sus tierras tomadas o han sido incendiadas. En tanto, desde la SNA abordaremos el tema con el SII y la Tesorería General de la República, puesto que su pronunciamiento podría generar alternativas para apoyar y orientar a los agricultores afectados. No es justo que el Estado los obligue a cumplir con esta obligación si no ha sido capaz de brindarles la seguridad y protección que debe.

Cristián Allendes
Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura