Señor Director:

Probablemente, lo más importante que ha sucedido en Chile en las últimas décadas respecto de la política social ha sido la incorporación de la lógica de derechos garantizados. Esto es, todos quienes cumplen los requisitos para ser elegibles (por su edad, ingresos o condición de salud, por ejemplo) tienen derecho a recibir las prestaciones respectivas.

Sin embargo, un problema práctico en el cumplimiento de este compromiso es que los programas exigen que los beneficiarios postulen a ellos. Debido a esta exigencia, muchas personas y familias se quedan sin acceso a un derecho que en principio está garantizado, a pesar de que el Estado, gracias a sus registros administrativos, sabe que ellos tienen ese derecho.

En este sentido, una excelente noticia ha pasado inadvertida en estos días: junto con la ampliación de los apoyos sociales, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció que entregará automáticamente el Subsidio Único Familiar a más de 900 mil niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad, subsidio al que tienen derecho, pero al que no han accedido porque sus familias no han postulado.

La obligación de realizar trámites excluye a aquellas personas a quienes es más importante llegar. Dada la información que maneja el Estado sobre las familias, minimizar los trámites requeridos facilitará el cumplimiento de los compromisos que el propio Estado ha tomado con la ciudadanía a través de su política social.

Andrea Repetto