Soy un ciudadano que votó en segunda vuelta por el candidato Boric, que respaldó las transformaciones del programa de gobierno del Presidente orientadas a un país más justo y más libre al final de su mandato. Soy un ciudadano que si me preguntara una empresa encuestadora, sería parte del 25% que aún apoya al Presidente y su gobierno. Precisamente, por las razones anteriores es que me preocupa la actual situación del Gobierno y de las coaliciones políticas que lo respaldan.

Los hechos concretos son: el candidato Boric y Apruebo Dignidad en la primera vuelta presidencial obtuvieron alrededor del 25% de los votos, esa cifra aumentó 30 puntos, para terminar en la segunda vuelta con un sólido triunfo del candidato Boric en torno al 55% de los sufragios. Ese enorme aumento del caudal de votos proviene del mundo político, social y cultural de la centroizquierda y del mundo independiente progresista. El porcentaje de aprobación del Gobierno y del Presidente hoy ha caído prácticamente a un cuarto de la población y el rechazo a su gestión, por otra parte, bordea el 70%. Ante esa situación y quedando por delante 38 meses de gobierno y gestión pública, es imprescindible que las fuerzas políticas que aún respaldan al Presidente tomen conciencia de esta situación.

Si esto continúa como hoy, aparte del fracaso estratégico de las transformaciones para una sociedad más justa, le daremos en bandeja el gobierno a la derecha en tres años más. Ya aparecen en las primeras encuestas y en los primeros lugares los nombres de Evelyn Matthei y José Antonio Kast como sucesores del Presidente Boric.

La conciencia de esta situación amerita pedirle al Presidente un giro político sustantivo en materia de gestión de gobierno y reordenamiento de la estrategia para los próximos tres años. Tenemos que partir por un sinceramiento entre las fuerzas políticas que respaldan al Gobierno y al Presidente de la República. Aprovechando el verano, el Presidente debiera convocar a los jefes de partido (10) y lograr un nuevo acuerdo de respaldo político a su gestión ante el cambio de escenario que estamos viviendo. Lo mínimo que La Moneda les puede pedir a sus partidos es disciplina y lealtad con el Presidente y su programa de gobierno acotado a la nueva realidad; no es tolerable que en proyectos y propuestas de nombramiento, firmados por el Presidente de la República, se sigan descolgando en cada oportunidad parlamentarios de las bancadas oficialistas. Tarea imprescindible de los jefes partidarios.

Por otra parte, es imprescindible que el Gobierno enfrente el año que se inicia con gestión política y comunicacional para abordar los dos principales problemas que afectan a la ciudadanía: la seguridad ciudadana y la situación económica. Si estos dos problemas se enfrentan razonablemente bien, es posible recuperar adhesión ciudadana. En materia de seguridad no hay más plazos para lograr la agenda legislativa encabezada por la ministra Tohá y, asimismo, más allá de lo legislativo, que la ciudadanía perciba que el Gobierno la acompaña para enfrentar este problema, y esto implica terminar con los prejuicios y las “trancas” que persisten en parte de la izquierda sobre el tema del orden público. Se acabó el tiempo para enfrentar la inmigración ilegal en el norte, el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia en las grandes ciudades y la violencia en la macrozona sur.

Por otra parte y frente a un año económico complejo, el Gobierno ha avanzado, como por ejemplo: el salario mínimo, que lo perciben alrededor de un millón de trabajadores, ha aumentado en un año de $350.000 a $410.000; la pensión garantizada universal, que alcanza al 90% de la población mayor de 65 años, ha aumentado de $185.000 a $206.000 y, finalmente, en reciente anuncio, el Gobierno ha dispuesto USD 2.000 millones para ayudar a los sectores más vulnerables: 1.500.000 hogares para enfrentar la situación crítica de este año. El mejor ejemplo de esta última medida es el denominado Bono Marzo, que en un año ascenderá de $60.000 a $120.000 por persona.

La seguridad ciudadana y el complejo momento económico no agotan la gestión del Gobierno y debiéramos perseverar en las dos reformas esenciales que marcarán la historia de este período: la reforma tributaria y la reforma previsional. Es imprescindible apurar el tranco en ambas reformas y vincularlas a los beneficios objetivos que recibirán los ciudadanos de aprobarse dichas reformas. Un muy buen ejemplo de pedagogía política es lo que ha ocurrido con la Pensión Garantizada Universal, cuando el Gobierno sostiene que para alcanzar los $250.000 es indispensable aprobar la reforma tributaria; lo anterior, cuando es bien explicado, presiona a la derecha opositora a dicha reforma, a ponerse en la vereda opuesta de los dos millones de ciudadanos que perciben la PGU y que esperan que aumente de los $206.000 actuales a los $250.000 comprometidos por el Presidente. Pero el esfuerzo pedagógico y político no termina ahí, hay que vincular cada peso obtenido con la reforma tributaria a los beneficios que percibirán millones de ciudadanos con esos recursos. En materia previsional hay que insistir en que aparte del aumento en la PGU, es esencial aumentar en general las pensiones. Sin duda, que también hay que abordar otras propuestas sectoriales específicas, como por ejemplo: las 40 horas y el programa legislativo del Ministerio del Trabajo para este año, donde destaco lograr la negociación por rama en parte de la gran empresa, además de innumerables propuestas programáticas que tienen que seguir desarrollándose.

Hay momentos en los ciclos políticos en que los presidentes, junto con constatar la nueva correlación de fuerzas y manteniendo los objetivos estratégicos, deben manejar con flexibilidad y talento los movimientos tácticos. Si lo anterior se hace bien, volveremos a recuperar la mayoría ciudadana.