A medida que se acortan los plazos, aumenta el nerviosismo de los millones de usuarios de las isapres y de las mismas aseguradoras por los efectos del fallo de la Corte Suprema de hace un mes y medio. Los únicos que hasta ahora aparecían tranquilos eran quienes tienen la misión de resolver el problema: las autoridades de salud. De hecho, según los directivos de las isapres, “la falta de celeridad en la autoridad mandatada a cumplir el fallo” alcanza niveles peligrosos. A tal conclusión llegan luego de que la Superintendencia no haya convocado al sector a un análisis de riesgos y tampoco se haya citado a la mesa de trabajo que lidera el Ministerio.

Las consecuencias de que las aseguradoras pudieran caer en la insolvencia serían de proporciones sísmicas. No solo quedarían gravemente afectadas las personas adscritas a ellas, sino que toda la actividad de salud privada —con sus cientos de laboratorios, centros médicos y clínicas— vería tambalear su continuidad. Esto afectaría también a quienes cotizan en Fonasa, pues el sector privado de prestadores atiende a una mitad de los chilenos. Las clínicas han comenzado a hacer presente que las deudas que mantienen las isapres con ellas están alcanzando un punto límite, pues son las clínicas las que han soportado tales falencias mediante aportes de capital que calculan en más de cien mil millones de pesos. Las atenciones pendientes de pago superan los $850 mil millones, si se toma en cuenta la deuda de Fonasa y las isapres, contabilizando lo aún no facturado. Unos 300 mil millones corresponden a pagos de Fonasa y más de 550 mil millones a las isapres.

La falta de confianza en que los problemas se van a arreglar tiene consecuencias inmediatas sobre el sistema y es en este aspecto donde se observan las peores repercusiones de la actitud de las autoridades. Todos los actores comienzan ya a adoptar decisiones para evitar que las peores consecuencias recaigan sobre ellos. Así, las clínicas han ido poniendo fin a los contratos con las isapres; ello obliga a las familias a gastar de sus bolsillos para solo después poder acceder a reembolso, lo que las pone en compleja situación; Fonasa intenta pagar más rápido, para ofrecer sustento al sector privado, pero no lo logra con la celeridad requerida. Frente a ello, la aparente impasibilidad de las autoridades constituye la más negativa de las señales, pues arriesga la impresión de que el Gobierno estaría satisfecho con la evolución de los acontecimientos, en que habría sido la Justicia la que hubiera hecho el trabajo de terminar con las isapres, objetivo programático del gobierno actual.

Pero la crisis que ocasionaría una caída de las isapres podría ser un desastre mayor. El sistema público debería recibir quizá a millones de personas, aunque ya se encuentra colapsado con dos millones esperando una consulta con un especialista, y más de 300 mil, una operación. El superintendente de Salud, el exdiputado DC Víctor Torres, recién ahora afirmó que sería una locura dejar caer a las isapres y enfatizó estar actuando con sentido de urgencia, mientras que la ministra aseguró que “no vamos a ocupar esta crisis para empujar ninguna reforma”, pero lo cierto es que esos dichos no logran dar tranquilidad a quienes sufrirían las consecuencias de una mala decisión.