En estos momentos se están procesando las postulaciones a las universidades chilenas que participan en el sistema único de admisiones. Las personas postulan a una carrera y universidad según sus preferencias. En caso de que estas superen los cupos disponibles, se selecciona de acuerdo con el puntaje ponderado obtenido por ellas. Quienes no son admitidos en su primera preferencia pueden serlo en una segunda, tercera o sucesiva. Y si en definitiva no son seleccionados, pueden matricularse en una institución que no participe de este sistema o simplemente no hacerlo. El proceso no genera mayores controversias.

El sistema escolar utiliza un algoritmo similar para asignar niños y jóvenes en los distintos planteles. Sin embargo, a diferencia del modelo universitario, no existe un criterio para asignar a los postulantes. Si hay más preferencias que cupos, se produce un sorteo (se establecen prioridades para hermanos y alumnos prioritarios, entre otros, pero ello no garantiza certeza de admisión). Este se organiza de forma tal que el mayor número de alumnos posible quede en el colegio de su más alta preferencia. Si hay postulantes que no quedan en uno de su preferencia, se realiza una segunda asignación complementaria entre colegios que todavía tienen vacantes. Y si aún hay niños o jóvenes sin colegio, son asignados al gratuito más cercano a su domicilio.

Es un sistema que parece justo en estas circunstancias. Sin embargo, no es percibido de esta manera por la población. En gran medida, porque la intensidad de preferencias seguramente es muy distinta. Y esto no se puede separar completamente del hecho de que en Chile existen proyectos educativos diferentes, un gran activo de una libertad de enseñanza amplia. En otros lugares, hay sistemas de admisión similares, pero que operan en circunstancias muy distintas. En Estados Unidos, por ejemplo, se elige solo entre establecimientos estatales, donde el concepto de proyecto educativo no tiene las particularidades nacionales. En Ámsterdam, existe para el ingreso en el equivalente a nuestro séptimo básico, para los colegios que seleccionan por mérito académico a partir de un examen que se aplica a todos los niños que quieran rendirlo. Nuevamente, un caso muy particular.

Las especificidades del sistema educacional chileno hacen que este modelo centralizado de admisiones, más allá de sus virtudes, opere con muchas dificultades. Ellas se han reflejado en las últimas semanas en largas filas por tiempos prolongados de familias enteras que esperan a que aparezca una vacante en un colegio de su preferencia. Frente a esta situación, el Ministerio de Educación ha pedido que se realicen procesos virtuales. Es decir, se les quiere imponer costos directos a los planteles para solucionar problemas que crea el sistema de admisión vigente. Es una situación que debería resolver la autoridad, dado que fue ella quien mandató legalmente el uso de un modelo centralizado. Al respecto, hay que recordar que no alcanzan a llegar a un 70 por ciento quienes son asignados a un plantel de su preferencia. Otro 22 a 25 por ciento es asignado en las dos etapas siguientes, pero eso no significa que queden satisfechos.

Hay espacio para avanzar en distintas direcciones. Por un lado, el sistema podría agregar nuevas etapas al proceso de selección, introduciendo, además, algún grado mayor de sofisticación en los procesos, al incluir, por ejemplo, intensidad de las preferencias o criterios similares. Por otra parte, sin abandonar los principios que subyacen al sistema, se podría incorporar mayor flexibilidad, permitiendo, por ejemplo, que niños que viven en un mismo hogar puedan tener una mayor probabilidad de quedar en el mismo establecimiento. También, haciéndose cargo de los alcances más profundos de la libertad de enseñanza. Al respecto, cabe observar que en la actualidad el sistema no garantiza, por ejemplo, que el hijo de una familia con un vínculo comprobado con la parroquia o congregación que sostiene un colegio subvencionado pueda matricularse ahí; tampoco, que tenga una mayor probabilidad de hacerlo. Es una cuestión que no permite que la libertad de enseñanza se exprese en plenitud.