Entre las reacciones suscitadas por los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric han asomado algunas que apuntan a que la renuncia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, develaría las inconsistencias de una administración que se califica como “feminista”. Recordemos lo vanguardista que fue la decisión de incorporar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en el Comité Político. Tal diseño, junto con otras disposiciones que buscan reforzar la transversalidad de género en el Estado, ha venido a colocar una vara alta en América Latina respecto de la jerarquía de los llamados Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM).

Por ello, causaría extrañeza la salida de una política más, de las varias que han debido abandonar su cargo en menos de un año, por contraste con hombres que, aun mereciendo lo mismo según voces críticas, conservan los suyos o bien han terminado recolocados. A relativizar tal impresión parece no ayudar la partida, arrastrado al mismo tiempo por un episodio que aún no termina, del influyente exjefe de gabinete presidencial, Matías Meza-Lopehandía.

Asumir la posibilidad de un trato diferencial (y más exigente) hacia las políticas en el gobierno suscita algunas consideraciones. En primer lugar, deberemos acostumbrarnos a que su mayor llegada a cargos relevantes en el Estado estará asociada a inevitables movimientos y rotaciones. Dadas las dificultades que todavía enfrentan para acceder a la política, la academia feminista permanece un tanto anclada en el acceso (hay montañas de artículos sobre las cuotas de género) y menos en la proyección y permanencia.

Algunas iniciativas aspiran a explorarlas, como el proyecto Gender and Success-ERP, del Consejo Europeo de Investigación sobre género y carreras políticas. Alojado en la Universidad de Bergen, estudia las brechas de género en la resistencia política.

En ese marco hay que colocar la existencia de reglas no escritas que, sobre todo en el presidencialismo, convierten a los ministros en potenciales “fusibles” cuya remoción permitiría, en situaciones de crisis, recuperar la iniciativa política. Lejos de pretender reforzar la idea de la “política es sin llorar”, cabe preguntarse si calificar el uso de dicho recurso como machista no remite a una victimización que poco ayuda a derribar estereotipos de género que todavía circulan en relación con el liderazgo de las mujeres.

Adicionalmente, para el caso de la situación que se analiza, si además de Ríos y Siches se considera a Lucía Dammert (exjefa del Segundo Piso) y a Jeanette Vega (coordinadora interministerial para la zona del conflicto mapuche), se constata un mínimo común crítico entre ellas: la asociación directa o indirecta con problemáticas de seguridad pública, destacadas en la última encuesta CEP como principal preocupación de los chilenos.

Otro caso de gobierno declaradamente feminista es el de Pedro Sánchez, en España. Se encuentra enfrentando fuertes críticas por los efectos de una de sus leyes “estrella”, surgida como reacción a las manifestaciones tras la polémica sentencia de La Manada. Denominada Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, su aplicación ha facilitado hasta el momento 145 rebajas de penas y 21 excarcelaciones de agresores sexuales, y eso que se advirtió con antelación de sus deficiencias.

Tal situación ha venido fatalmente a coincidir con un diciembre devenido en el mes con más asesinatos por violencia machista de los últimos 20 años.

Considerarse feminista tiene mucho de moda que contagia al márketing político, como bien ha advertido Yanira Zúñiga. Por ello, no resulta extraño que los gobiernos se adosen tal etiqueta. Como contrapartida, deben enfrentar una revolución de expectativas propia de los tiempos del #Metoo.

Uno de los desafíos más evidentes es el de la sincronización de agendas, en momentos en que las que interpelan la heterosexualidad normativa pugnan por sobrepasar a otras que, desde un enfoque de igualdad entre los sexos más tradicional, permanecen todavía con demandas no resueltas. Ejemplos de ello son la insuficiente participación laboral femenina, así como medidas efectivas de corresponsabilidad en las tareas domésticas y del cuidado.

María de los Ángeles Fernández Ramil
Doctora en Ciencia Política