Señor Director:

La argumentación de Constanza Schneider y Teresa Le Blanc (carta de ayer) está construida sobre una falacia: mientras menos abortos reportados tanto mejor.

El balance crítico de la ministra Orellana respecto del funcionamiento de la Ley 21.030 apunta a destacar que el bajo número de abortos legales es simplemente la contrapartida de la mantención de un alto número de abortos clandestinos.

En efecto, en su crítica las firmantes eluden la cuestión esencial: la continuidad de la práctica de abortos clandestinos con los consecuentes riesgos al punto de convertirla en la tercera causa de mortalidad materna. No se trata en ningún caso de promover el aborto, sino de combatir ese flagelo que sigue haciendo estragos, especialmente en los sectores populares.

Estimaciones muy castigadas del Centro de Medicina Embrionaria y Salud Materna hablan de un mínimo de 13 mil abortos al año. Se puede suponer que entre 2018 y 2022 se habrían practicado del orden de 65 mil abortos. De esta manera, si solo al amparo de la ley se practicaron 3.520 significaría que durante ese período se habrían practicado clandestinamente más de 60 mil, de los cuales una parte de ellos podría haberse hecho incluso al amparo de la ley de las tres causales si no hubiesen mediado las dificultades de acceso y el alto número de objetores de conciencia.

Aquí radica el principal fracaso social.

Maïté Albagly
Exdirectora Federación Internacional de Planificación Familiar (Francia)