El advenimiento del Presidente Boric al poder auguraba mayor fluidez en las relaciones vecinales, por compartir ciertas afinidades ideológicas de izquierda con los mandatarios de los tres países vecinos. Sin embargo, las coincidencias políticas y vínculos personales entre los gobernantes no son suficientes en las relaciones entre los Estados: prevalecen los intereses permanentes de cada país y sus situaciones internas.

Corresponde entonces considerar la persistente complicación de la gestión de los jefes de Estado de Argentina, Bolivia y Perú.

Manifiesta es la impopularidad del Presidente Alberto Fernández; incluso en diciembre los campeones mundiales de fútbol tomaron distancia del mandatario y se negaron a celebrar desde la Casa Rosada su victoria. Antes, las divisiones del justicialismo habían dado fuertes señales de que no lo acompañarían en su reelección, prevista para este año. A lo anterior se suman las disputas de Fernández con su vicepresidenta y su enfrentamiento con la Corte Suprema argentina, desconociendo la separación de los poderes del Estado, pilar de la democracia.

La situación de la Presidenta de Perú es más delicada. Dina Boluarte sucede al destituido José Pedro Castillo, que pretendió dar un golpe de Estado, disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial. En seis años, Perú registra 6 presidentes. La profusión de partidos políticos episódicos agrega un problema adicional a la gobernabilidad peruana. Los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia, liderados por el Presidente mexicano, han generado otra división latinoamericana con su intento de interferir en la sucesión constitucional de Perú, en solidaridad con el removido Presidente Castillo. También habrá este año elecciones presidenciales y parlamentarias peruanas.

En Bolivia, el Presidente Luis Arce, en competencia y amagado por Evo Morales, parece decidido a intensificar la persecución a sus opositores mediante procedimientos autocráticos similares a los de Morales y su aliado nicaragüense Daniel Ortega, aprovechando la docilidad de la judicatura respecto del oficialismo. Arce ha logrado encarcelar a su predecesora, Jeanine Áñez. Luego, las ha emprendido en contra de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y principal líder opositor, en prisión sine die. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado preocupación por la situación del país y por la suerte de Camacho.

Las divisiones y fragilidades de las democracias y gobiernos vecinos impactan en la integración, la gestión diplomática y la cooperación.

Los desórdenes internos complican los controles fronterizos, pues las fuerzas policiales se restan de estos propósitos, asignadas al orden público, mientras aumenta la presión migratoria ilegal. A la vez, se resienten los organismos regionales. La Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina se encuentran acéfalas, y en Mercosur, ante su fracaso en las negociaciones comerciales, surge la división proveniente de la agenda globalizadora de Uruguay, que pretende avanzar por separado con la Unión Europea y en otros acuerdos. Y la turbulenta situación en Brasil —que se aborda separadamente en esta página— agrega más elementos de incertidumbre regional.

La realidad política vecinal aconseja una vez más el respeto del principio de no intervención en los asuntos internos de los otros países, junto con el ejercicio de la diplomacia profesional, alejada de las agendas partidistas y los personalismos.

Los diplomáticos profesionales pueden superar con mayor facilidad las divisiones internas del país de su acreditación, y ofrecen garantía de independencia a opositores y oficialistas. A la vez, con su experiencia y conocimiento, pueden perseverar con más eficacia en las agendas bilaterales y multilaterales, que deben permanecer. Lamentablemente, este gobierno al igual que los anteriores insiste en nominaciones políticas en importantes embajadas en los países vecinos y de la región.