Sorprende lo rápido que se olvida la opinión pública de los escándalos de corrupción. Hace una semana, en Brasil, asumió Lula da Silva, después de ganar estrechamente el balotaje en octubre, victoria que la izquierda y los medios internacionales aplaudieron por haber tenido el mérito de derrotar a Jair Bolsonaro. Sobre los casos de corrupción que ocurrieron durante los dos mandatos de Lula —quien estuvo 18 meses preso— ya apenas se habla. Quizás se le está dando el beneficio de la duda.

Por años, las pesquisas de la justicia brasileña y las condenas recibidas por altos personeros, incluidos varios ministros y el propio Lula, estuvieron en todos los titulares. Y no era para menos, ya que la trama de corrupción de empresas brasileñas traspasó fronteras, abarcando una decena de países de América Latina, en los que se habrían pagado cerca de 800 millones de dólares en sobornos. Y habría llegado a los más altos cargos, incluidos cinco presidentes de Perú, uno de Panamá y un vicepresidente de Ecuador.

Es cierto que el Tribunal Supremo de Brasil anuló la condena que pesaba sobre Lula, pero esa decisión no borró el hecho de que el ahora Presidente fuera condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en tres instancias judiciales, y que solo fuera excarcelado porque la Corte posteriormente señaló que no correspondía procesarlo en Curitiba, sino en Brasilia, y que el juez que lo condenó en primera instancia no fue imparcial. Es decir, el tribunal no lo declaró inocente, sino que el proceso no cumplió los parámetros legales. Pasó el tiempo, y los delitos prescribieron.

Lula siempre ha negado los cargos, pero sí reconoció que durante sus gobiernos hubo corruptelas, y así lo dijo en los debates de campaña: “Si hubo corrupción (en Petrobras), se capturó al ladrón que robó y se acabó. Si se lo arrestó es porque hubo investigación”. Pero las cosas fueron más complicadas, y se conocieron por la bullada operación Lava Jato, en 2014, que mostró que se cobraron millonarias coimas entre 2004 y 2012 a las constructoras por licitaciones de Petrobras, dinero que se repartía entre cercanos al gobierno y al Partido de los Trabajadores.

Antes de eso, en 2005 se desató el primer gran escándalo del gobierno de Lula, el de las mensalao, o mensualidades (10 mil dólares) que se les pagaban a diputados opositores para que votaran con el oficialismo, puesto que el PT, como ahora, no tenía mayoría en el Congreso. El entonces ministro José Dirceu era el encargado del esquema, renunció y fue condenado por “organizar la trama de sobornos” entre 2003 y 2005. Junto a él, fueron sentenciadas otras 24 personas, entre ministros, diputados, empresarios y banqueros, por delitos como corrupción pasiva y activa, blanqueo de dinero, gestión fraudulenta, evasión y asociación delictiva.

Lula salió indemne de ese trance, y pidió perdón. Ahora deberá demostrar que, como se ha dicho, en esta administración, la 3.0, se harán las cosas en forma transparente y los corruptos no tendrán cabida. Sin embargo, no es una buena señal que algunos de los nuevos ministros tengan casos pendientes con la justicia.