Mejorar el sistema educativo sin información precisa y pertinente respecto del desempeño de colegios, estudiantes y profesores es imposible. Chile aprendió esa lección tempranamente, hace más de 30 años. Los esfuerzos por consolidar el sistema de medición de la calidad de la educación (Simce) lo muestran. Vinieron a complementar la información histórica que se construía y distribuía ampliamente a partir de los resultados de las pruebas de acceso a la educación superior (PAA y luego PSU). Sin embargo, durante ya varios años es posible identificar retrocesos en esta línea, muchos avalados por grupos de interés que combinaron argumentos técnicos debatibles y una visión retrógrada de lo que significa medir y promover la calidad en educación.

El inicio de esta involución se remonta a algunas de las válidas críticas que se realizaban a las pruebas Simce hace ya casi veinte años. En esencia, un solo instrumento estaba siendo utilizado por el Estado para distintos propósitos (medir la calidad del colegio, informar a los padres del desempeño de sus estudiantes, generar incentivos a los docentes, entre otros), lo que representa una falla en un principio básico en política pública: un objetivo, un instrumento. La situación, sin embargo, evolucionó en un debate contaminado por la ideología. La medición de la calidad fue tácticamente sindicada como parte de una estrategia para discriminar, sin reparar en que el apoyo a las familias y los colegios depende de esa información. Una corriente académica e intelectual ligada a la izquierda contribuyó a esto. Así nacieron las críticas a los instrumentos objetivos para seleccionar por mérito académico, la idea de terminar con mediciones de calidad universales haciéndolas muestrales y, más recientemente, una política de limitar la información de desempeño que se hace pública. Afortunadamente, la Ley de Transparencia ha permitido acotar el impacto de todo esto.

La entrega de los resultados de la PAES ha ofrecido una nueva evidencia del retroceso en cuanto al acceso a la información en esta materia. En una cuestionable determinación, no se dieron a conocer por canales oficiales los resultados por colegio en la prueba, insumo esencial de las familias para evaluar a los establecimientos.

Ante tal decisión, el Demre, un departamento de la U. de Chile que, financiado con recursos públicos, tiene el monopolio del desarrollo de la batería de instrumentos de evaluación para el proceso de admisión a las universidades que participan en el sistema de admisión centralizado, argumentó que los resultados de la PAES “no sirven para medir la calidad de la educación entregada por un determinado establecimiento”. Independientemente de la validez de tal particular afirmación, de esta no se desprende que la información no debería ser pública. En último término, son las familias las llamadas a hacer los juicios respectivos.

En definitiva, restringir el acceso a este tipo de información parece finalmente el reflejo de una cuestionable revolución ideológica en el ámbito de la educación.