El Presidente de la República dice querer profundizar, incluso radicalizar (?) la democracia, pero ¿la respeta en primer lugar? Nos dice que sí, y su ministra del Interior se desgasta en acrobacias lingüísticas para darnos a entender que el Presidente no dijo lo que dijo. Pero obras son amores. Y lo cierto es que sus declaraciones, entrando el nuevo año, nos dicen otra cosa.

Su declarada plena convicción pública, en su calidad de Presidente de la República, jefe de Estado y Gobierno, acerca de la inocencia de Jorge Mateluna, y de que no son delincuentes quienes cometieron gravísimos y reiterados delitos calificados como tales por sentencias condenatorias firmes del Poder Judicial, no solo son un error y una imprudencia, como se asevera reiteradamente, sino que constituyen una manifestación de la dirección política del Presidente de la República, y en tanto tal, un acto del Gobierno (hacia el octubrismo) que compromete su deber de guardar la Constitución y las leyes.

Se trata de una falta gravísima al Estado constitucional de derecho cometida por la primera magistratura, que se materializa aun cuando, y elusivamente, no haya plasmado esas declaraciones en los decretos de indulto a los condenados. Y es que no puede escapar a nuestros ojos que, exprese o no formalmente sus dichos en los decretos, aquellos califican como actos políticos, de gobierno y del Presidente, y que no por ser tales están exentos de control. Solo que ese control es diverso del que procede respecto del acto administrativo o decreto de indulto.

En la función de gobernar, el Presidente no solo firma decretos y ejecuta, sino que decide cuestiones de carácter excepcional que interesan a lo público, dirigiendo a la sociedad política, pronunciándose sobre los intereses nacionales y orientando al Estado. En este tipo de actos, y debiendo guiarse por elevados objetivos políticos (que no están presentes en este caso), actúa con amplia libertad y discrecionalidad (que no es sinónimo de arbitrariedad), pero siempre dentro de la Constitución y la ley. Si no lo hace, debe asumir la responsabilidad política correspondiente; de lo contrario, admitiríamos que hay espacio en la función de gobierno para los tiranos, aun para aquellos disfrazados de piel de oveja.

Y es justamente porque sus declaraciones se enmarcan en la función de gobernar que se gatilla la reacción contundente de la Corte Suprema, porque aquellas no son simples opiniones ni menos personales, como insiste el Presidente, sino actos de gobierno, con efectos políticos, cometidos por quien debe resguardar la Constitución y que con sus declaraciones quebranta. La Constitución señala, además, que el Presidente no puede en caso alguno (lo que incluye entrevistas) revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones, que es justamente lo que hizo, aunque algunos, en el Gobierno y fuera de él, quieran pasar rápida revista al asunto bajándole el perfil para que esto no siga escalando y no arda la pradera.

Pero no solo pretenden que se haga vista gorda, sino que también que se dé vuelta la tortilla. ¿Se ha fijado que comienzan a instalar en el debate público que, si la Cámara de Diputados ejerce la función fiscalizadora, a la que está llamada por la misma Constitución, exagera, se pasa de rosca y polariza? ¡Y lo peor es que varios parlamentarios se la compran!

En nuevas y astutas acrobacias lingüísticas, es ahora la ministra vocera quien nos dice que los ciudadanos no quieren pequeñas disputas políticas que solo alejan (al Gobierno) de los avances que las familias necesitan con urgencia, y que como gobierno trabajan en construir un país que proteja y entregue bienestar a sus habitantes. Pero ¿quién inició la (no) pequeña disputa política y democrática? ¿Cómo podemos tomarnos en serio que trabajan para nuestro bienestar si la mayor preocupación de los chilenos es la seguridad y el Gobierno anda perdonando las penas a quienes, con sus delitos, han hecho de este país uno inseguro e inestable? Y todo ello mientras cuestionan al Poder Judicial, llamado a proteger nuestros derechos y libertades ¿Qué bienestar es ese? ¿El de la primera línea? Quien no debió incendiar la pradera faltando a sus deberes constitucionales es el Presidente. No empuerca la política quien defiende el Estado de Derecho, la separación de poderes y la democracia constitucional, por duro que sea, pues quien así actúa defiende nuestras libertades y derechos.

Por el contrario, hace politiquería, empuerca la vida en democracia y desvía esfuerzos que deben estar puestos en las prioridades ciudadanas, y no en las del octubrismo, quien vulnera abiertamente la Constitución, fiándose de que su responsabilidad no será exigida.