La variación anual de -2,5% en el Imacec de noviembre viene a confirmar las dificultades económicas que enfrenta Chile y que —se anticipa— podrían marcar la tónica de 2023. La cifra representa la tercera caída consecutiva de la actividad —en septiembre fue de -0,3%, y en octubre, de -1,2 %—, lo que acrecienta el evidente enfriamiento observado desde junio.

El detalle de los determinantes de esta baja es revelador de la problemática subyacente. La producción de bienes cayó 2,4%, fuertemente influenciada por el derrumbe en la manufactura (-6,5%) y la minería (-3,2%). El comercio, por su parte, reportó una variación de -8,8%, explicada por el desplome en el sector minorista. En este contexto, ante los crecientes niveles de incertidumbre y un escenario internacional complejo —con un sistema de salud precario, China continúa sufriendo los embates del covid—, existen pocas probabilidades de que las cifras de los próximos meses muestren algún grado de recuperación. De hecho, si bien la magnitud de la caída de noviembre sorprendió a parte del mercado, la evolución es consistente con las negativas expectativas de los agentes económicos.

Por cierto, los niveles de actividad observados durante el 2021, fuertemente influenciados por los retiros de los fondos de pensiones, definen una alta base de comparación. Sin embargo, el arribo de cada nueva cifra deja en evidencia quizás el mayor problema que enfrenta la economía nacional: la preocupante ausencia de una agenda que se haga efectivamente cargo de los desafíos que se enfrentan.

En este sentido, son ilustrativas recientes declaraciones del ministro de Economía. La autoridad planteó —correctamente— que una variación negativa del Imacec en noviembre era esperada. Pero, precisamente por eso, sorprende la aparente ausencia de un plan que anticipe y modere la actual trayectoria de caída. La autoridad agregó que estos números serían “un recordatorio de que seguimos en un proceso de normalización”, probablemente haciendo alusión a la situación de sobrecalentamiento de 2021. Pero las cifras muestran que, por ejemplo, la actividad minera retrocedió un 11% en noviembre de 2022 respecto de igual mes de 2018, y la industria, un -1,7%. De este modo, solo si por normalización se entendiese una lenta y sostenida baja de la actividad en sectores clave para la economía, la afirmación sería correcta. Pero, en ese caso, la responsabilidad de presentar un plan para revertir el deterioro adquiere mayor importancia.

En este escenario, cabe evaluar la ambiciosa agenda que sí ha planteado la actual administración. En materia tributaria, los avances en el Congreso de la reforma impulsada por el Ejecutivo, facilitados por algunos diputados de oposición, han acrecentado la preocupación respecto de su impacto en la competitividad de nuestra economía. Se suman los cuestionables cambios a las atribuciones de Impuestos Internos, el impuesto patrimonial, las modificaciones en materia de utilidades retenidas, y la débil estructura del mecanismo introducido para promover inversión en innovación y desarrollo, entre otros puntos. En el ámbito previsional, el desmantelamiento del sistema de AFP y la configuración de un monopolio estatal agrega riesgos a un mercado de capitales ya debilitado. Esto, hasta ahora, sin la necesaria discusión en torno a los costos del nuevo sistema, las dificultades de la transición, o el sustento de la promesa de un mayor nivel de ahorro en el largo plazo. También el mercado laboral debería ser afectado por el nuevo impuesto al empleo y por la ley de las 40 horas, favoreciendo así la informalidad.

El ritmo de la actividad en Chile es débil por razones externas y por la alta base de comparación de 2021. Sin embargo, tal debilidad se acrecienta tanto por lo que se ha dejado de hacer como por el contenido de las reformas que sí impulsa la autoridad.