La última encuesta CEP —realizada en todo el territorio entre el 8 de noviembre y el 18 de diciembre con entrevistas cara a cara— muestra una aprobación de solo un 24 por ciento a la forma como el Presidente Boric está conduciendo su gobierno. Es el nivel más bajo registrado desde 1990 para un mandatario en su primer año de gestión. Pero hay otros resultados quizá aun más reveladores. La brecha entre quienes creen que en los próximos 12 meses su situación económica será mejor y quienes piensan que será peor es la segunda más baja en las últimas dos décadas; solo en los inicios de la crisis subprime se registró un peor resultado. La proporción de quienes califican como mala la situación económica del país es la más alta en este período, superando la medición de dicha crisis. Las expectativas para la economía en los próximos 12 meses son igualmente las más negativas en lo transcurrido del siglo. La proporción que cree que Chile está en decadencia también es la más alta en cuatro lustros; otro 55 por ciento piensa que está estancado. La suma de ambas respuestas es equivalente a la que se registraba después de la crisis política de octubre de 2019. Se observa, entonces, un país embargado por el pesimismo.

Esta realidad es acompañada por otros indicadores preocupantes. Por un lado, un 64 por ciento de las personas piensan que la situación política es mala o muy mala. Por otro, la democracia ha sufrido una pérdida de confianza: solo un 49 por ciento estima que ella es preferible a cualquier otra forma de gobierno, retrocediendo 12 puntos porcentuales en 15 meses. Si se añade una confianza interpersonal muy reducida y la emergencia de una polarización afectiva significativa, el cuadro resultante no es alentador.

Mientras, el vacío de liderazgos políticos es enorme. La valoración positiva promedio de las figuras evaluadas alcanza el 26% y ninguna supera el 50%. Hace 20 años, la evaluación positiva de los personajes políticos promediaba un 39% y varias superaban la barrera del 50%. El conjunto de estos fenómenos genera espacios grandes para el surgimiento de líderes populistas y autoritarios. Sobre todo si además se considera la predominancia de la delincuencia como principal preocupación de la población, y la fuerte preferencia por orden público y seguridad ciudadana (68%) antes que por libertades civiles y públicas (10%). Así, el escenario en que se desenvuelven las relaciones políticas, sociales y económicas es frágil. Los líderes políticos, sociales y empresariales no pueden ignorar esta realidad. La única posibilidad de salir de esta situación es por medio de mucha colaboración entre los distintos actores, algo que parecía estar ocurriendo, pero que en la última semana parece haber sufrido un importante retroceso.

En otras dimensiones, la encuesta muestra que persiste una baja confianza institucional. Solo las universidades (55%), PDI (53%), Carabineros (46%), Fuerzas Armadas (44%) y radios (43%) generan una confianza (mucha o bastante) por sobre el umbral del 40 por ciento. Otras instituciones no superan el 30 por ciento y los partidos políticos siguen en el fondo del ranking, con un 4 por ciento. Se observa, asimismo, un alejamiento de las formas de manifestación política que ocurrieron en Chile a partir de octubre de 2019. Así, las personas que justificarían siempre o casi siempre la participación en una marcha llegan a 38% en la actualidad, mientras que en diciembre de 2019 alcanzaban un 59%. Al mismo tiempo, se observa una preferencia por una acción redistributiva del Estado acotada y que los bienes sociales sean provistos preferentemente en un esquema en que se pueda elegir entre operadores privados y públicos. En la primera de estas dimensiones, el mayor apoyo a la gratuidad universitaria universal, que sube de un 44% en 2015 al actual 56%, quizás se aparta de esta tendencia. A este cuadro se suma una clara preferencia por la apertura de la economía y el respaldo al comercio internacional. Es decir, en general, un fuerte apego a lo que fueron los 30 años, tan cuestionados en el último tiempo.