Nuestro país atraviesa por una crisis sanitaria originada en la pandemia de covid-19. Esta obligó a que se desviaran los recursos del sistema de salud a atender a quienes sufrían del mal, pero dejó a cientos de miles de enfermos crónicos sin atención. Hoy son cerca de un millón ochocientos mil pacientes los que esperan ser examinados por un médico especialista, y quienes ya han obtenido esa atención y han recibido orden de someterse a una operación superan los 300 mil. Son cifras alarmantes, pues el total de personas en espera supera el 10 por ciento de la población de Chile y excede largamente esa proporción cuando se compara con el total de los pacientes del Fonasa. Las isapres, que se hacen cargo de una fracción menor del país, enfrentan graves dificultades financieras y sus problemas atraen la atención de las élites. Aunque sus beneficiarios no enfrentan nada parecido a lo que deben experimentar quienes dependen del Estado para su atención, los problemas de las isapres despiertan más interés en los círculos mejor informados, probablemente debido a que la mayoría dentro de ellos escogen los seguros privados de salud, incluyendo a casi todos los parlamentarios, muchos jueces y otras personas con autoridad. Pero la inmensa mayoría sufre en silencio las listas de espera, que debieran ser la preocupación principal.

En estas circunstancias, el público debiera estar sobrecargando los hospitales, pero, pese a la demanda exagerada que se ha acumulado, los hospitales públicos siguen semivacíos, según cifras del propio Ministerio de Salud. De los 27 servicios de salud del país, 19 no llegan a ocupar el 80 por ciento de sus camas, con algunos servicios con muchas camas desocupadas, como el caso extremo del Servicio de Salud de Araucanía Norte, que en medio de esta grave situación apenas ocupa el 62 por ciento de ellas, dejando un 38 por ciento de camas vacías.

No hay dudas de que se trata de un problema de gestión, con un exceso de demanda que no recibe respuesta de los prestadores. No es por mala voluntad de quienes deben atender, sino por una mala organización que les corresponde a las más altas autoridades. En una buena proporción de los servicios no existen directores titulares y quienes están en esa posición en forma temporal no pueden disponer de todas las facultades para reorganizar lo que no está funcionando. Tampoco es cuestión de llegar y nombrar a un titular, pues dentro de las reglas deben pasar por el proceso de selección de Alta Dirección Pública, todo lo cual convierte a los organismos del Estado en entidades lentas, con dificultades para enfrentar situaciones como las que actualmente se observan.

Los estudios de productividad han revelado que el horario de los pabellones de cirugía no es el óptimo, pero que aun en su empleo hay atrasos del personal y otras costumbres arraigadas que disminuyen todavía más los beneficios que debería obtenerse de ellos. Así, con los hospitales sin usarse a capacidad, con los pabellones incluso en menor uso, no cabe extrañarse de que los pacientes deban esperar 600 días para practicarse una operación. Tampoco cabe sorprenderse de que muchos de ellos mueran esperando que se cumplan las indicaciones que han surgido de sus médicos especialistas. Ni siquiera una política que fue bien estudiada y diseñada, como el programa de Garantías Explícitas de Salud, logra cumplir las garantías, y en el informe sobre listas de espera entregado por el Ministerio al Senado se reportan 1.732 pacientes con enfermedades GES que murieron en la lista de espera del primer semestre de 2021. Un 20 por ciento de ellos, según el Ministerio, por causas atribuibles al diagnóstico que motivó la espera.

Las circunstancias obligan a pensar que los planes del Gobierno de crear un sistema único estatal no tienen posibilidad alguna de ser implementados en los próximos tres años. Más que seguir elaborando proyectos con casi nulas posibilidades de llegar a imponerse, las autoridades harían bien en resolver los problemas urgentes que están sufriendo los servicios bajo su responsabilidad.