No está en discusión que la reforma previsional debe abordar las desigualdades en pensiones entre hombres y mujeres. Las Administradoras de Fondos de Pensiones estamos conscientes y comprometidas con la necesidad de buscar una solución a los problemas urgentes que afectan al mundo femenino durante la construcción de su pensión. Sin embargo, según lo que hasta ahora se ha sabido del proyecto de reforma de pensiones presentado por el Ejecutivo, es altamente improbable que esos problemas vayan a resolverse.

La razón principal de ello es que el texto no aborda las características estructurales de la situación actual: un mercado laboral inestable que castiga la maternidad, entrega bajas remuneraciones y no disminuye las lagunas, junto a una sociedad que aún no dispone de una respuesta institucionalizada a la corresponsabilidad, al reconocimiento de la labor de cuidados y a la necesaria inserción al trabajo de las madres y cuidadoras. Así, no es de extrañar que con una tasa de ocupación informal femenina que llega a un 28,3%, sumado a una expectativa de vida que supera en 31 años la edad de retiro, las mujeres tengan pensiones un 36% más bajas que las de los hombres.

Es cierto que se han introducido algunos cambios relevantes. Entre ellos, destacan la reforma de 2008 que estableció un bono por hijo y la instauración de la PGU, la cual impulsamos fuertemente desde marzo de 2021 con el fin de beneficiar a las mujeres de los sectores vulnerables y medios del país.

Sin embargo, la reforma actualmente en discusión no es clara respecto de cómo se mejorarían las pensiones de las mujeres en el futuro. Si bien se anuncia que el objetivo es compensar —a través del 6% de ahorro colectivo— las brechas en el monto de las pensiones entre hombres y mujeres, la verdad es que, al llevarlo a cifras, esta medida favorecería paradójicamente a mujeres con mejores pensiones por sobre las más vulnerables. De ese modo, para aquellas que se jubilan a los 60 años y que reciben una pensión autofinanciada de 1 UF, esa compensación sería de solo $229 mensuales. En cambio, una mujer con una pensión autofinanciada igual o mayor a 15 UF, jubilándose a los 65 años, recibiría el tope de $85.000 al mes. Si se tiene en cuenta que el 66% de las mujeres en Chile tiene una pensión autofinanciada inferior a 6 UF ($210.000 aprox.), el beneficio tendría un tope de $1.374 mensuales al jubilarse a la edad legal.

Nos encontramos en un momento crítico para el país y compartimos, como ya dije, la preocupación por mejorar las pensiones de forma sostenida en el tiempo. Creemos firmemente que, junto con modificar aspectos profundos que promuevan el ahorro, es necesario replantear las condiciones laborales de la mujer y promover la paternidad compartida y la corresponsabilidad, además de avanzar hacia una compensación previsional para personas no remuneradas, similar al bono por hijo. Otra propuesta dice relación con la entrega de un bono de al menos $1.000.000 al momento de nacer, lo que permitiría que las personas comenzaran a ahorrar para sus pensiones al inicio de su vida. En el caso de las mujeres, sería interesante incorporar aquí la perspectiva de género para que su beneficio fuera mayor.

Necesitamos con urgencia que el Gobierno ponga a disposición de la ciudadanía las cifras que ha utilizado para sus cálculos y se abra a discutir sobre estos y otros temas de manera franca y transparente. Es importante que se dejen de lado los prejuicios hacia la industria de la administración privada, la que, como es conocido, cuenta con una vasta experiencia al administrar diariamente las más de 11 millones y medio de cuentas previsionales que existen en el país.

Constanza Bollmann
Gerenta general de la Asociación de AFP