Parto por decirles, estimados lectores, que políticamente estoy de acuerdo con el acuerdo. Sin embargo, me parece interesante reflexionar desde la centroizquierda cómo llegamos y por qué llegamos a este punto político. El acuerdo firmado el 12 de diciembre es el resultado de una nueva correlación de fuerzas derivada de nuestra derrota en el plebiscito del 4 de septiembre.

Creo, además, que esa derrota fue de la máxima envergadura, solo comparable con la derrota y la tragedia del 11 de septiembre de 1973. Por eso me llama la atención que sectores de izquierda, firmantes y no firmantes del acuerdo del 12 de diciembre, se manifiesten contrarios y/o críticos a las condiciones del acuerdo. Parece ser que estos sectores no se hacen responsables de la derrota del 4 de septiembre, cuando la mayoría de la Convención, integrada por sectores de izquierda y ultraizquierda y bajo la práctica política de “avanzar sin transar”, generaron las condiciones objetivas y subjetivas para dicha derrota. El maximalismo, su dimensión refundacional, el desconocimiento de la correlación de fuerzas en lo cultural y social, la carencia de dirección política en la Convención de las fuerzas que compartían responsabilidades en el gobierno condujeron al fracaso. Además, cabe consignar el destacado aporte de la derecha en todas sus dimensiones: económica, social y cultural, y usando todas la formas de lucha combatieron desde el primer día el proceso constituyente.

A partir de la derrota, las fuerzas triunfadoras, es decir, la derecha y la centroizquierda por el Rechazo, estaban en condiciones de colocar límites y normas para continuar con el proceso constituyente. En la vida, en la política y en la guerra, los que colocan las condiciones son los vencedores y no los derrotados, estos últimos o se rinden o siguen luchando en condiciones más adversas. Al firmar las fuerzas progresistas el acuerdo del 12 de diciembre, tienen que asumir que la correlación de fuerzas ha cambiado y que se hace más difícil, pero no imposible, perseverar en los objetivos estratégicos de dichas fuerzas.

La configuración de un elenco constituyente de carácter mixto es el principal desafío para las fuerzas progresistas, considerando que de los denominados 24 expertos elegidos por el Parlamento, 12 por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, la derecha parte con 10 de esos 24 consejeros; 4 expertos de derecha elegidos por la Cámara de Diputados y 6 expertos elegidos por el Senado. Ambas cifras representan la fuerza parlamentaria de la derecha en ambas cámaras. El segundo desafío es la elección de los 50 consejeros siguiendo el modelo del Senado. El primer problema de esta fórmula es la desproporción en la capacidad electoral de las diversas regiones. Primer ejemplo: las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Aysén y Magallanes, con aproximadamente 1 millón de electores, eligen 11 consejeros. La Región Metropolitana y la Región de Valparaíso, con aproximadamente 7 millones de electores, eligen 10 consejeros. Para ser más precisos, la Región Metropolitana, con 5.900.000 electores, elige a cinco consejeros y la Región de La Araucanía, con 900.000 electores, también elige a cinco consejeros. La Región de Valparaíso, con 1.600.000 electores, elige a cinco consejeros y la Región del Maule, con 900.000 electores, también elige a cinco consejeros. Parece ser que la crítica de la derecha a la sobrerrepresentación electoral de los 17 escaños reservados de pueblos originarios de la Convención anterior quedó en el olvido.

Pero aparte de esta situación descrita, la representación política en las diversas regiones mencionadas es diferente; teniendo como referencia la última elección de senadores, tanto en el 2017 como en el 2021, la derecha en la Araucanía y en el Maule eligió tres de los cinco senadores en las respectivas regiones, con el 42% de los votos; en la Región de Valparaíso, con el 36% de los votos, consiguió dos de los cinco cupos, y en la Región Metropolitana la derecha, con el 26% de los votos, eligió dos de los cinco cupos.

No obstante todos los desafíos mencionados anteriormente, vale la pena respaldar el acuerdo del 12 de diciembre porque en el horizonte y dado que en los 12 principios constitucionales acordados existe el 5º principio, que es establecer en la nueva Constitución un Estado social y democrático de derecho, que desplaza al Estado subsidiario de Jaime Guzmán y de Libertad y Desarrollo, y junto a otros principios ya acordados que establecen una nueva Constitución que puede perdurar por décadas. Pero además de estar establecido este principio, el más importante para las fuerzas progresistas, la nueva Constitución sepulta definitivamente la Constitución de 1980 y además debe permitir en la deliberación del Consejo Constituyente la creación de un nuevo sistema electoral en la elección del Parlamento, que permita eliminar la fragmentación política, el desorden y el individualismo parlamentario, ambas condiciones para garantizar la gobernabilidad de cualquier proyecto político en el futuro.