La hipocresía política de los presidentes de México, Argentina, Colombia y algunos otros países latinoamericanos es alucinante: denuncian airadamente a los golpistas de derecha, lo que está muy bien, pero toleran felizmente a los golpistas de izquierda.

Eso es exactamente lo que sucedió, una vez más, cuando cuatro países emitieron una lamentable declaración conjunta, el 12 de diciembre, en apoyo al derrocado presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo.

El expresidente, que fue elegido el año pasado con la plataforma de un partido marxista, fue derrocado el 7 de diciembre, después de anunciar en la televisión nacional que disolvería el Congreso de mayoría opositora y que gobernaría por decreto. Horas después, el Congreso ordenó su destitución por abrumadora mayoría de votos, y lo reemplazó su exvicepresidenta Dina Boluarte.

El intento de golpe de Castillo fue una clara violación de la Constitución peruana. Fue un autogolpe para obtener poderes absolutos, exactamente lo que había hecho el expresidente peruano de derecha Alberto Fujimori en 1992, antes de ser destituido legítimamente de su cargo y enviado a la cárcel.

Pero mientras la izquierda autoritaria de América Latina apoyó la destitución de Fujimori en ese momento, ahora critica la destitución de Castillo.

La declaración conjunta de México, Argentina, Colombia y Bolivia emitieron expresa “alarma” por la destitución de Castillo y se refiere al exmandatario como “Presidente de la República del Perú”. La declaración también llama a Perú a “priorizar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas”, sugiriendo que Castillo debe ser reinstalado en el poder.

Los presidentes de México y Argentina también habían defendido un golpe de izquierda recientemente, cuando apoyaron al expresidente boliviano Evo Morales, después de que este último había permanecido en el poder mucho más allá de su mandato constitucional y había hecho un fraude electoral en 2019.

Como era de esperar, las dictaduras de Cuba y Venezuela también salieron en defensa de Castillo. En un tuit que parece un chiste viniendo de un régimen que no ha permitido elecciones libres en casi 63 años, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel se quejó de que la oligarquía peruana había “subvertido la voluntad del pueblo”.

Cynthia McClintock, experta en Perú que enseña en la Universidad George Washington, me dijo que no hay duda de que Castillo violó la Constitución con su llamado a disolver el Congreso. “Fue un autogolpe clásico, como el autogolpe de Fujimori”, me dijo McClintock. “Muchos dicen que el Congreso quería tumbarlo a Castillo desde el principio, pero nada de eso oscurece el hecho de que Castillo dio un golpe de Estado”.

Samuel Abad, profesor de derecho constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Universidad del Pacífico, me dijo que la declaración conjunta de México, Argentina, Perú y Bolivia es “absurda”.

“Es una declaración claramente política que no tiene base legal”, me dijo Abad. Lo que hizo Castillo “es el delito más grave que puede cometer un presidente”.

Mientras escribo estas líneas, las manifestaciones a favor de Castillo de grupos radicales de izquierda ya se han cobrado al menos siete muertos (N. de la R.: al cierre de esta edición el saldo era de una veintena de muertes). Boluarte ha prometido celebrar elecciones anticipadas a fines del 2023 o principios de 2024, en un esfuerzo por restaurar la calma.

Perú obviamente necesita mejorar su sistema electoral para permitir que los presidentes sean elegidos con mayor apoyo popular. Perú suele tener demasiados candidatos presidenciales, y los ganadores son elegidos por una minúscula minoría de votantes, lo que dificulta que formen coaliciones de gobierno. Castillo había ganado las elecciones en la primera vuelta, con solo el 19% de los votos.

Tal vez sea hora de que Perú adopte tres rondas electorales si ningún candidato alcanza el 30% de los votos en la primera vuelta, como ha propuesto McClintock.

Pero no hay duda de que el Congreso de Perú hizo lo correcto al defender las instituciones democráticas y derrocar a Castillo.

América Latina no debe tolerar ningún golpe de Estado, sea de derecha o de izquierda. Los mandatarios de México, Argentina, Colombia y Bolivia no solo están apoyando a un golpista, sino que también se están disparando en el pie a ellos mismos al legitimar los intentos de golpe. La declaración que emitieron es vergonzosa, por donde se la mire.