Un importante paso hacia una nueva Constitución se ha dado recientemente con el acuerdo encabezado por el Congreso Nacional, titular del poder constituyente.

Se trata de un camino completamente diverso del seguido por la anterior Convención, respecto de la cual ha existido una opinión casi unánime en cuanto a su fracaso, reflejado en un texto rechazado por el 62% de la población, es decir, casi dos de cada tres ciudadanos.

Después de 100 días del plebiscito surgen excelentes textos de dos destacados profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y que nos muestran las razones de dicho resultado, tanto desde el punto de vista del funcionamiento interno del órgano (Renato Garín, “El fracaso”) como en relación con los principios del régimen constitucional y al uso impropio del lenguaje jurídico (Mario Fernández, “El vuelco constitucional”).

El gran jurista Karl Loewenstein puntualizaba que no bastaba con la validez jurídica de las normas, sino que debían ser observadas lealmente e integradas en la sociedad, de modo que la Constitución sea un traje que sienta bien y no un disfraz.

Disfraz es el artificio o vestimenta con que alguien cambia o modifica su aspecto o condición para no ser reconocido. Ciertamente algo de ello pudo lamentablemente observarse, con amplio despliegue en los medios. Hubo también algunos que se vistieron con atuendos que usualmente tampoco utilizaban. Otros se disfrazaron de supuestos “especialistas”.

A diferencia del anterior, en este proceso adquirirán un rol fundamental los “expertos”. Como lo dice el término, se trataría de personas experimentadas y con acreditados conocimientos en materia jurídica y constitucional.

Desde ya cabe señalar que no ha sido inusual el empleo de comisiones especializadas en la elaboración de nuevos textos constitucionales, tanto en el Derecho Comparado como en nuestra historia constitucional, bajo diversas modalidades.

Un caso interesante fue el español y que motivó la dictación de la Constitución de 1978, aún vigente. El Congreso Constituyente eligió entre sus miembros una Comisión de Asuntos Constitucionales, integrada por siete destacados juristas, con el propósito de redactar el anteproyecto. Representaban las muy diversas opiniones políticas de la época, destacándose entre ellos reconocidos profesores de Derecho Constitucional.

Por su parte, en el caso de Francia, la Asamblea Nacional aprobó en 1958 una normativa que entregaba a un Comité Ministerial, encabezado por el Presidente De Gaulle y en el que participaba un Comité Constitucional (de carácter consultivo) y el Consejo de Estado, mandatados especialmente para elaborar una nueva Constitución, texto que fue aprobado en referéndum.

En Chile ha existido una fructífera participación de especialistas. La Constitución de 1833 fue preparada por una comisión de siete miembros, todos reconocidos juristas. A su vez, la Carta de 1925 fue redactada por una Comisión Consultiva compuesta por 122 miembros, de todas las posiciones políticas, bajo el liderazgo del Presidente Arturo Alessandri.

Esta nueva etapa debe permitirnos arribar a un nuevo texto constitucional que ya no sea consecuencia de la Guerra Fría, como tampoco de una pretensión refundacional, sino que responda a los desafíos que nos depara el siglo XXI. Para ello debemos aprender del proceso constitucional fallido y tomar lecciones del mismo, entre las cuales debe tenerse presente la necesidad de convocar a expertos, profesores universitarios y miembros de sociedades científicas a quienes debe escucharse para nunca más volver a disfrazarnos, en el más amplio sentido de la palabra. La larga tradición constitucional chilena y el texto propuesto por la Presidenta Bachelet en marzo de 2018 debieran ser insumos esenciales a tener presente, a lo que debe agregarse los 12 principios que se pactaron como bases constitucionales.

Enrique Navarro Beltrán
Profesor de Derecho Constitucional Universidad de Chile Universidad Finis Terrae