En estas páginas se ha iniciado el debate de la crisis educacional que vivimos. Se han publicado editoriales, cartas y reportajes respecto de los indicadores que muestran que estamos frente a una situación grave y crítica, que afecta en especial a los niños y niñas más pobres del país, la que requiere aunar voluntades y realizar alianzas entre los diferentes actores para poder aportar al diagnóstico y en especial a las urgentes soluciones, implementando medidas que no pueden esperar.

Algunas cifras que se han conocido nos alertan de la gravedad de la crisis. Se ha conocido que más de cincuenta mil estudiantes se han retirado del sistema escolar en los últimos dos años, una secuela evidente de la pandemia y de su desconexión con el sistema y sus redes de apoyo. Asimismo, junto con haber tenido más de doscientos cincuenta días sin presencialidad durante los dos años de pandemia, este año cerca del 40% de la matrícula escolar ha tenido una asistencia menor a un 85%, lo que se considera grave y se concentra en las escuelas más pobres y en los niveles de educación inicial. Por otra parte, la caída de la matrícula de estudiantes de pedagogía sugiere un déficit de cerca de treinta mil profesores y profesoras en los próximos ocho años (datos de Elige Educar).

Otro factor que se ha conocido es que la priorización de los contenidos curriculares —trabajo realizado durante la pandemia por las universidades Católica y de Chile, en coordinación con el Consejo Nacional de Educación, que permitió un ajuste de los aprendizajes esenciales durante la crisis sanitaria— ha tenido dificultades en su seguimiento, con coberturas que no alcanzan el mínimo requerido, lo que implica que, en especial en los establecimiento subvencionados y municipales, no se han alcanzado los mínimos que se habían considerado como requisito para cumplir con los objetivos de aprendizaje del currículo. Esta situación hace compleja la continuación de la priorización curricular en los próximos años, ya que esta debe ser sometida a un seguimiento apropiado y a una evaluación rigurosa de sus indicadores, con el objeto de obtener conclusiones en base a la evidencia nacional y comparada.

La pregunta es, entonces, ¿cuáles son las medidas que se pueden implementar en la situación descrita? Se hace imprescindible formular un gran acuerdo nacional por la educación inicial y escolar que integre las medidas más importantes que se requieren con urgencia.

Lo primero es poner el tema en la agenda y en el discurso de nuestras principales autoridades del país y del Mineduc. Junto a lo anterior, es prioritario recuperar a esos miles de escolares y reintegrarlos a sus establecimientos educacionales; se requieren recursos adicionales para superar las brechas de aprendizaje que ha dejado la pandemia; es crucial implementar las medidas de apoyo que requieren los establecimientos educacionales, tanto desde el punto de vista curricular como también de su infraestructura. Una red de apoyo con tutores y mentores de los estudiantes es una interesante propuesta. Es evidente que el proceso de desmunicipalización requiere mantener su gradualidad, con apoyo y acompañamiento. Un tema de gran relevancia es la convivencia escolar. Este año hemos sido testigos a nivel nacional de actos de violencia, acoso escolar y varias formas de discriminación, que afectan seriamente la salud mental de nuestros estudiantes, los que requieren de una urgente intervención y apoyo profesional.

La formación de docentes requiere una mención especial. Es prioritario trabajar de manera conjunta en relevar la importancia de las carreras de pedagogía al interior de las universidades; atraer a más y mejores estudiantes; financiar de manera adecuada estas carreras y sus áreas de práctica; disponer de fondos concursables para la innovación pedagógica y trabajar de manera conjunta con las universidades, las que a través de sus programas de pre y posgrado pueden avanzar en la calidad y pertinencia de la formación de los futuros profesores y profesoras. La investigación aplicada, junto a la conexión con los estudios doctorales en este campo, es de gran importancia. Además, es tarea de todos avanzar en el prestigio, credibilidad y valoración de la labor docente, lo que debe estar en el centro de la sociedad y de la familia en nuestro país.

Lo descrito forma parte de lo más urgente y relevante, es lo que requiere un acuerdo país y un verdadero pacto nacional por la educación inicial y escolar. Por supuesto que una vez que podamos asumir estos desafíos, tendremos que avanzar en calidad, en innovación, en evaluación y en nuevas metodologías de enseñanza que nos acerquen a lo que está implementado en los países desarrollados. Es un largo camino el que hay que recorrer; lo importante es dar de manera conjunta el primer paso. Las universidades estamos comprometidas en participar activamente para superar esta grave crisis educacional.

Ignacio Sánchez D.
Rector, Pontificia Universidad Católica de Chile