Ya no importa saber qué pretendía Pedro Castillo con su intentona golpista, si quería realmente el poder total, gobernar por decreto y convocar un Congreso Constituyente para redactar una Carta Magna a su medida —más bien a la del “socialismo del siglo XXI”—, o simplemente ganar tiempo para llegar a la embajada de México, antes de que el Congreso lo destituyera. El “humilde profesor de provincia” mostró ser, como dice el expremier Pedro Cateriano, un personaje “corrupto, inepto y golpista”. Lo que realmente importa ahora es si Perú podrá salir de esta profunda crisis política, mantener la institucionalidad y retomar el camino del desarrollo.

La Presidenta Dina Boluarte tiene desafíos enormes. No solo lidiar con los partidarios de Castillo que no le reconocen legitimidad, sino demostrar que efectivamente respeta el orden democrático, después de haber defendido por meses la nefasta gestión del profesor. Esa que tuvo una rotativa de 80 ministros, copó los cargos públicos con miembros no calificados del partido que lo llevó al poder, y mostró total incapacidad de utilizar el presupuesto nacional en favor de los más pobres. Y lo más grave de todo, un gobierno envuelto en casos de corrupción, que llevaron a la fiscal de la Nación a denunciar constitucionalmente a Castillo ante el Congreso.

Dada la actual situación, se debe aplaudir que las instituciones peruanas enfrentaran el fracasado golpe con total respeto a los procedimientos constitucionales. Además del impecable pronunciamiento del Tribunal Constitucional, valiosa fue la inmediata reacción de las fuerzas armadas y la policía, que dieron una firme muestra de respeto al Estado de Derecho. El Congreso, en cambio, está al debe en cuanto a comportamiento político, a pesar de que actuó rápido para destituir a Castillo.

Los próximos días serán claves para saber cómo evolucionará la crisis. Si el presidente del Consejo de Ministros nombrado por Boluarte es idóneo para el cargo, con experiencia política, capacidad de diálogo y se gana el respeto de todas las fuerzas políticas y de la población, se habrá avanzado en una salida pacífica a este impasse. La Presidenta no cuenta con bancada propia en un Congreso que, aunque desprestigiado e impopular, tiene las llaves para la gobernabilidad, por lo que deberá trabajar duro para armar alianzas y evitar las confrontaciones, especialmente porque una de sus prioridades debería ser reformar el marco legal, lo que puede no gustarles a los legisladores, temerosos de perder sus puestos antes del fin del período.

Urge que Perú establezca un equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que hoy produce bloqueos y “gallitos” permanentes. Muchos analistas consideran que el sistema semipresidencial es el causante de estos males. Como solución proponen, además, restablecer el Senado, eliminado por Fujimori, fortalecer los partidos y cambiar el sistema electoral, al mismo tiempo que establecer el juicio político al Presidente, con causales precisas que reemplacen a la “incapacidad moral”, interpretada al antojo del Congreso.

La pregunta es si Dina Boluarte será capaz de dirigir con éxito este delicado proceso.