El IPC de noviembre, de 1%, muy por sobre lo esperado, mostró lo complejo que resulta anticipar una trayectoria de pronunciada desaceleración de la inflación. La sorpresiva cifra estuvo principalmente explicada por un alza generalizada en los precios de bienes —revirtiendo caídas observadas en octubre—, mientras que los servicios tuvieron un comportamiento más benigno. Con este guarismo, la inflación acumulada en los últimos doce meses volvió a superar el 13%. Hacia adelante, todo indica que, luego de un período de fuertes alzas de precios —y en un contexto de alta incertidumbre—, la trayectoria hacia una baja inflación estará marcada por una alta volatilidad y, en parte, por los efectos de una indexación cuya magnitud es difícil de prever.

En efecto, la desaceleración que está experimentando la economía, junto con la caída de los precios de materias primas y la apreciación del peso, anticipan una menor inflación durante el próximo año. Salvo alguna sorpresa mayor, esta dinámica no debiera estar en duda: aunque a una velocidad menor de la esperada, la economía está ajustando su gasto y con ello las presiones de precios debieran ceder. Así lo reconocen el mercado y el mismo Banco Central, que proyecta una fuerte baja en 2023, llegando en diciembre de ese año a 3,6%.

La velocidad de esta caída es, sin embargo, más incierta. En parte, el ajuste del gasto es todavía parcial, como lo refleja el déficit de la cuenta corriente, que se anticipa cercano al 9% para 2022. Las presiones de costos, si bien aminoradas por la apreciación del peso, continúan elevadas por la indexación de los salarios. La negociación en el sector público, que con un reajuste de 12% —muy superior a la inflación esperada— buscó compensar la pérdida de salarios reales registrada este año, da cuenta de la fuerza con que las presiones inflacionarias pueden permanecer en los costos laborales. Es por ello que, mientras que la caída de la inflación no debiera estar en cuestión, la velocidad del ajuste y la volatilidad en su convergencia son aún inciertas.

Esto introduce una dificultad adicional en el manejo monetario, toda vez que limita las posibilidades del Banco Central para realizar movimientos anticipatorios: las todavía altas expectativas de inflación a mediano plazo le impiden adoptar una política agresiva de baja de tasas, en un contexto donde las amenazas de mayor gasto fiscal son crecientes y las señales del Gobierno, ambiguas. Bien plantea el ente emisor las dificultades que podrían tener para el control inflacionario y el manejo de las tasas de interés las amenazas de mayores impulsos de demanda y, particularmente, de nuevos retiros previsionales. Es por ello que las perspectivas de una baja agresiva de tasas a partir de enero, o eventualmente abril, descansan en que el gasto interno entre en franca desaceleración y la trayectoria de la inflación en persistente caída. De no ser así, la reducción de tasas deberá ser mucho más gradual.