El histórico fallo de un tribunal argentino que condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por actos de corrupción masiva probablemente pondrá un paño frío a los esfuerzos recientes de la Casa Blanca para mejorar sus relaciones con el gobierno populista de Argentina.

La administración de Joe Biden había estado cortejando a Argentina en meses recientes, especialmente después de que el Presidente Alberto Fernández fue a Moscú en febrero y ofreció a su país como la “puerta de entrada” de Rusia a Latinoamérica.

El gobierno argentino también ha estado coqueteando con China, además de respaldar a varias dictaduras latinoamericanas. Al mismo tiempo, le estaba pidiendo ayuda a Washington para evitar una nueva moratoria de pagos sobre su inmensa deuda externa.

Pero después del veredicto judicial del martes contra Fernández de Kirchner, hay cada vez más pedidos en Washington de que Biden tome distancia de la vicepresidenta, y tal vez, por extensión, del gobierno argentino.

El congresista Michael McCaul (republicano-Texas), quien probablemente sea el nuevo presidente del comité de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes cuando se inaugure el nuevo Congreso en enero, ya está pidiendo sanciones de Estados Unidos contra la vicepresidenta de Argentina.

Citando “la condena por ‘uno de los esquemas de corrupción más extraordinarios' en la historia argentina, el Presidente Biden y el secretario de Estado Blinken deben aplicar urgentemente las sanciones 7031(c)” contra la alta funcionaria, escribió McCaul el martes en la cuenta de Twitter del bloque republicano del comité de relaciones exteriores del Congreso.

Se refería a una ley de EE.UU. por la cual el Departamento de Estado debe negar visas a personas involucradas en actos de corrupción significativa o violaciones graves de los derechos humanos. La ley se utilizó este año entre otros contra el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez; el expresidente de Paraguay Horacio Manuel Cortés, y el expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram.

El senador Ted Cruz (republicano-Texas) ya había enviado una carta a Blinken en agosto pidiendo “sanciones obligatorias” contra Fernández de Kirchner por los cargos de corrupción que llevaron a su condena.

Los principales legisladores demócratas aún no han pedido sanciones, pero están perdiendo la paciencia con la corrupción en Argentina.

El presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental del Senado, el senador Tim Kaine, me dijo en un correo electrónico, sin mencionar a Fernández de Kirchner por su nombre, que “así como somos honestos con nuestros enemigos, también debemos ser abiertos con nuestros amigos, especialmente sobre la necesidad de garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gobierno”.

Fernández fue sentenciada a prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por otorgar ilegalmente licitaciones de obras públicas por más de US$ 925 millones a testaferros. Todavía puede apelar su sentencia y probablemente no vaya a la cárcel, porque el proceso de apelación puede llevar años.

A principios de esta semana, Argentina y EE.UU. firmaron un acuerdo para el intercambio de información financiera. El gobierno argentino ha tratado de presentarlo como un acuerdo sin precedentes, aunque fuentes estadounidenses me dicen que no es tan ambicioso como lo pinta el gobierno argentino.

La mayoría de las personas con las que hablé en Washington me dijeron que es poco probable que Biden aplique sanciones a Fernández de Kirchner, aunque veamos menos fotos sonrientes de funcionarios estadounidenses con ella.

Benjamin Gedan, director interino del programa para América Latina del Wilson Center en Washington, me dijo que “fundamentalmente, la administración Biden no quiere hacerse de otro enemigo en la región. Ya se ha buscado peleas con Nicaragua, Venezuela, Cuba, Guatemala, El Salvador y otros, y no quiere sumar otro adversario a la lista”.

Eso es probablemente cierto. Pero, por otro lado, la administración está obligada por ley a imponer sanciones personales a los funcionarios extranjeros corruptos. ¿Es justo imponer sanciones a los altos funcionarios y exfuncionarios de países relativamente pequeños como Paraguay y Ecuador, y hacerse el distraído cuando se trata de funcionarios condenados en Argentina, Brasil o México?

Suena a hipocresía política. Tal vez sea hora de enterrar esa ley, o de comenzar a aplicarla a condenados por corrupción como Fernández de Kirchner.