Se concretó la destitución del Presidente del Perú, José Pedro Castillo. Lo sucederá la vicepresidenta Dina Boluarte por el resto del período, hasta julio de 2026, a menos, claro, que siga la misma suerte de varios predecesores, o bien, que se convoque a nuevas elecciones, demanda de una parte significativa de dirigentes políticos y de la sociedad civil.

La destitución, por el voto de 101 congresistas, 6 abstenciones y 4 rechazos, es demostrativa de la vulnerabilidad diríase intrínseca del mandatario, elegido el año pasado en segunda vuelta para evitar el triunfo de Keiko Fujimori. Fue acusado desde los inicios de su gestión por corrupción en nombramientos de funcionarios públicos y ascensos de integrantes de las fuerzas armadas y de la policía, favorecimiento de familiares y cercanos en contratos públicos, incompetencia, así como por persistentes denuncias sobre pasadas vinculaciones con Sendero Luminoso. Su permanencia era insostenible en medio de un Parlamento compuesto por una multiplicidad de partidos políticos; del suyo, Perú Libre, se habían desprendido más de cinco facciones y la mayoría dejó de apoyarlo.

La continuidad de Castillo fue antes tolerada por los parlamentarios mayormente para evitar el ejercicio de la facultad presidencial de disolver el Congreso, si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, con la consiguiente cesación y riesgos para los congresistas de no recuperar sus cargos. Sin cumplir con la exigencia del rechazo del gabinete ministerial por falta de confianza del Parlamento en dos oportunidades, Castillo pretendió ayer ejercer esta atribución, desencadenando en pocas horas su destitución por incapacidad moral.

La disolución fue considerada inconstitucional incluso por los ministros más relevantes de Castillo, los que renunciaron. Lo propio hicieron varios embajadores, entre ellos el representante acreditado en Chile. El presidente del Tribunal Supremo y la fiscal de la Nación también respaldaron al Congreso.

Un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, junto con manifestar su unidad y el respeto de las instituciones a la Constitución, terminó de dejar a Castillo sin respaldo.

La destitución ensombrece la reciente visita a Chile del ahora exmandatario y, desde ya, motivará una nueva postergación de la cumbre de la Alianza del Pacífico que estaba prevista en Lima para el próximo lunes.

En el curso de su presidencia, Castillo se contuvo de llevar adelante los aspectos más radicales de su programa, como la estatización de la minería, la expulsión en 48 horas de los migrantes venezolanos, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y medidas populistas resistidas por el Congreso y dirigentes de la sociedad civil. Su abstención contribuyó a la notable estabilidad de la economía peruana, con una inflación controlada y sin sobresaltos en el tipo de cambio. Habrá que consignar el sobresaliente manejo de la política monetaria y cambiaria por el Banco Central del Perú, cuyo Presidente se ha mantenido en el cargo por casi 15 años bajo 5 mandatarios, con respeto de su autonomía.

A la incompetencia, ignorancia e inexperiencia de José Pedro Castillo y de una parte considerable de sus seguidores y funcionarios, se agrega su favorecimiento de la corrupción en un sistema político debilitado por un sistema electoral que facilita la formación y proliferación de partidos episódicos, de cambiante integración y agenda.

La Presidenta anunció la conformación de un gabinete de unidad nacional —lo que significará la inclusión de opositores a Castillo—, cuya prioritaria tarea será combatir la corrupción y abordar las urgencias sociales que afectan a gran parte de la población del país.