En las últimas semanas ha vuelto a capturar la atención de los medios la existencia de la venta ilegal y organizada de terrenos, liderada por bandas criminales. Acciones ilícitas e inescrupulosas, por cierto, pero no podemos meter en el mismo saco a quienes lucran con la pobreza y a quienes llegan a vivir a un campamento porque el sistema no les dejó otra opción. Si bien el loteo irregular con propósito de lucro es tan real como ilegal, debemos ser cuidadosos para no caer en generalizaciones injustas. Es clave no criminalizar la pobreza.
Y es que hoy, como consecuencia de la pandemia y de la crisis económica, atravesamos la mayor emergencia habitacional en nuestro país, no vista desde 1996. Los campamentos han aumentado sostenidamente en la última década y explosivamente en los últimos tres años.
Durante estos meses hemos estado desplegados en el territorio levantando nuestro próximo Catastro de Campamentos 2022-2023 (cuyos resultados completos se darán a conocer el primer trimestre del próximo año) que busca entregar una radiografía actualizada de esta realidad. En base a este levantamiento, ya podemos estimar que —en línea con los resultados del último Catastro del Minvu— hay más de mil campamentos a lo largo del país, y la cifra de familias viviendo en ellos sigue al alza: ya ascendería a más de 100 mil.
Las cifras son claras. De acuerdo al último Catastro de Minvu, el 55% de esas familias declara que ha tenido que llegar a vivir a campamentos por bajos ingresos del hogar, y también el 47%, por el alto costo de los arriendos. Así como sabemos que el 89% de la población que hoy vive en un campamento antes vivía allegada o arrendaba. Es decir, estas familias antes vivían en una solución un poco más “formal” y han sido víctimas de la crisis de acceso a la vivienda, que las ha dejado fuera del sistema y las ha empujado a vivir en estos lugares.
La campamentización es uno de los peores dolores sociales que enfrenta Chile hoy. No nos dejemos llevar por prejuicios: a la mayoría de las personas que viven en campamentos no les ha quedado otra alternativa.
Muchas personas requieren permanecer próximas a sus redes de apoyo (cuidado colaborativo de los niños, ollas comunes, trabajos, etcétera) y para conservarlas, están dispuestas incluso a poner en riesgo su integridad física, al instalarse en campamentos ubicados en zonas geográficas de riesgo.
Por otra parte, nos encontramos con un grupo ruidoso y crecientemente poderoso, el de los delincuentes y aprovechadores que lucran con la pobreza de los más pobres en los asentamientos irregulares. Un fenómeno de preocupación y gravedad. De todas formas, la actividad delictiva especulativa no se da solo en las áreas informales, sino también en la “ciudad formal”. Es innegable que en materia de seguridad, sobre todo en los territorios de mayor ausencia del Estado, tenemos una deuda como país y las autoridades deben hacerse presentes —y deben hacerse cargo.
Sin embargo, desde la experiencia de 25 años trabajando en el territorio, llamamos a no estigmatizar y a poner el foco en los más vulnerables. Porque es la situación de estas familias que no encuentran un lugar en la ciudad formal la que crea las condiciones perfectas para la especulación y el aprovechamiento.
Es indispensable comprender que el crecimiento de campamentos no se debe a la acción criminal organizada, sino a un imposible acceso a la vivienda adecuada para decenas de miles de chilenos. Y a las dificultades que ya enfrentan los miles de familias que viven en condiciones precarias en campamentos, se suma el estigma de la criminalización, lo que hace más difícil aún romper con el círculo de la pobreza, acceder a mejores trabajos y a más oportunidades laborales.
Desde organizaciones como Techo-Chile, seguiremos fortaleciendo nuestro despliegue territorial y trabajo junto a las comunidades en precariedad habitacional, mejorando sus condiciones de vida a través de proyectos de vivienda definitiva, viviendas de emergencia, programas de habitabilidad primaria, gestión comunitaria, capacitaciones y herramientas, para de este modo contribuir a una transición más expedita y digna hacia sus soluciones de vivienda en formalidad.
Hoy la emergencia es de tal magnitud que, para enfrentarla, tenemos que hacerlo con determinación, sentido de urgencia y colaborativamente entre el Estado, la sociedad civil y cada persona en Chile que quiera sumarse a la causa de transformar realidades.
Héctor Guarda SJ
Capellán TECHO-Chile