La negociación constitucional se ha transformado en un baile de máscaras. Da la impresión que cada grupo negociador plantea argumentos propios, opuestos a lo que otros proponen, que en apariencia los muestran interesados en completar el proceso constitucional con rapidez, pero que, en realidad, se sienten confortables con seguir extendiendo los plazos. En el fondo, es como si nadie quisiera elecciones, por miedo a que los resultados no los favorezcan. La UDI le teme a republicanos; RN, al Partido de la Gente; la DC y Evópoli, a Amarillos, y el oficialismo, a la baja popularidad del gobierno. Así las cosas, el acuerdo se ha ralentizado, y no solo no bailamos cueca para el 18 con el acuerdo ya logrado (como propiciaba la ministra del Interior), sino que es posible que tampoco abramos regalos navideños en ese estado.

Las fuerzas políticas deben darse cuenta de que más allá de los cálculos electorales, el proceso constitucional requiere cerrarse. No solo está en juego la palabra que ellas empeñaron, y la recuperación de su prestigio como conductores serios de la sociedad, sino que, adicionalmente, se corre el riesgo de que eventualmente el proceso de nuevo se cierre “por las malas”, con los resultados que ya conocimos.

Resulta paradójico que la dirigencia de Chile Vamos no haya podido persuadir a sus bases más cercanas que comprendan que no solo este es el momento más propicio para ir a elecciones, sino que no hay alternativa posible que pase el estándar de legitimidad reclamado por la población, si no ahora, en el futuro. Es posible que en esas bases —incluidos los partidarios más duros y algunos de sus financistas— exista la esperanza de dejar todo atrás, y considerar que lo vivido no fue más que una mala broma del destino, y que lo que corresponde es meter bajo la alfombra cualquier cambio. Sin embargo, ello acarrea dos problemas: por una parte, no se estaría cumpliendo la palabra empeñada en la campaña por el Rechazo (en la que primaba “esta no”, aludiendo a que “otra sí”), y, por otra, deja un flanco abierto hacia adelante que podrá volver a abrirse frente a cualquier crisis futura.

En efecto, y al revés de lo que piensan esas bases, este es el mejor momento para redactar un nuevo orden constitucional con cierta altura de miras. Por un lado, todavía está muy presente el rotundo rechazo de la ciudadanía a la propuesta refundacional anterior, lo que necesariamente moderará el trabajo de cualquier nueva Convención, algo que no puede asegurarse hacia el futuro. Por otra, dado que estamos en un momento político muy distinto a aquel en que se eligió la Convención anterior, es altamente probable que su futura composición tenga mucha más vocación de centro y de moderación. Finalmente, al estar la ciudadanía menos ansiosa, es posible que el trabajo se realice de una forma mucho más tranquila, sin que los matinales se sientan llamados a participar, polarizando las posturas.

Así, Chile Vamos debiera propiciar el acuerdo a la brevedad, y probablemente sin que el Congreso dé el visto bueno previo a lo redactado. La doble ratificación —parlamentaria y plebiscitaria— solo complica las cosas. O es el Senado el encargado, o es la ciudadanía, a través de un plebiscito. Y hoy, en Chile, la segunda opción es la que mejor consolida la legitimidad de lo obrado.

Posiblemente, la mejor fórmula que se ha propuesto hasta ahora es la elección de 50 personas individuales, con los mismos distritos con que se elige el Senado, y un voto adicional por listas nacionales, ordenadas según la preferencia de cada partido o conglomerado, para determinar a quienes resulten electos. Así las personas podrían escoger con un voto a personas específicas, y, por otro, a corrientes políticas específicas. Pero se requiere no repetir los errores de la elección pasada. Sin listas de independientes asociados solo a eslóganes, salvo si se incorporan a la de los partidos, sin la sobre representación de pueblos originarios con la fórmula antes utilizada, y solo eligiendo partidos que hayan obtenido al menos un 5% de votación.

Que Chile Vamos siga insistiendo en que no quiere un órgano 100% electo, como una línea roja que no se puede cruzar, puede transformarse no solo en un error de cálculo, sino también en uno histórico. Para bien del país y sus generaciones futuras, es necesario enfrentar el problema constitucional ahora, cuando es el mejor momento para hacerlo. Intentar guardarlo en un cajón, o que este se desvanezca en el tiempo, es una muy cara miopía política que solo puede repercutirle en contra en el futuro.

Álvaro Fischer
Francisco Covarrubias