Nuevamente un fallo de la Corte Suprema ha dejado a las isapres en una situación de incertidumbre. Si bien nunca el Estado de Chile ha logrado dotar al sistema privado de salud de una regulación que proteja a los usuarios y les dé sostenibilidad a las instituciones, los problemas se agravaron en forma sustantiva con el fallo de hace más de diez años del Tribunal Constitucional. Ese dictamen era difícil de descifrar, pues cada abogado tenía su propia interpretación, y quedó un caos del que nunca se ha podido salir del todo.

Luego vinieron los reclamos por las alzas de precios y los tribunales resolvieron en forma casi automática en contra de las isapres, obligándolas a hacerse cargo de las costas. Este hecho animó a varias firmas jurídicas a organizar los reclamos, ofreciendo servicios gratuitos a los usuarios, que solo debían prestar su nombre y a cambio recibían el congelamiento temporal de sus cotizaciones o primas, en tanto ellas ganaban honorarios. El asunto fue creciendo, como era natural y previsible, desviando dineros destinados a la salud a pagar honorarios de abogados por cientos de miles de juicios, lo que llegó a poner en riesgo la sustentabilidad de algunas isapres. Luego, la pandemia de covid supuso una tensión máxima para estas organizaciones, puesto que debieron enfrentar el aumento de las licencias médicas, con el agravante de que en el Congreso se propuso una ley que congelaba sus precios. Ante la gravedad de la situación, se buscó solucionar de una vez el problema de los reclamos por alzas, entregándole a la Superintendencia de Salud la responsabilidad de determinar el porcentaje máximo de posibles aumentos. Pero si las isapres creyeron que habían superado con ello los problemas, se encontraron que, ante un alza pospandemia, nuevamente hubo reclamos y la Corte Suprema determinó que no estaban bien justificados los aumentos, si bien se habían mantenido dentro de los márgenes que había autorizado la Superintendencia. Las isapres han debido corregir ese aspecto de sus cobros revisando los contratos.

Ahora, ante nuevos recursos de protección, la Corte ha fijado una nueva doctrina jurisprudencial respecto de los contratos, en lo que toca al precio base de cada plan, la tabla de factores que se aplica en cada caso, la incorporación de nonatos y niños hasta los dos años de edad y otros aspectos. La tabla de factores elaborada por la Superintendencia en 2019 es aceptada, pero cada isapre no puede aplicar una tabla propia como lo disponía la ley, ni menos discriminar por sexo en cuanto a precio. Según la Corte Suprema, así ya lo habría establecido el Tribunal Constitucional en su fallo del año 2010 que declaró inconstitucional algunos aspectos de la ley de isapres, elaborada durante el gobierno del Presidente Lagos.

Haciendo crecer las dificultades para las aseguradoras, los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema se refieren no solo a quienes reclaman, sino a todos los beneficiarios de isapres. La necesidad de revisar en forma retrospectiva todos los contratos —hasta un plazo respecto del cual hay distintas interpretaciones— desvía una vez más los esfuerzos por mantener la salud para dedicarse a determinar la magnitud de lo que el supremo tribunal considera se ha cobrado en exceso. Una vez que se sepa a cuánto asciende se sabrá si habrá quiebras de las isapres más débiles o si el sistema podrá seguir.

Muchos beneficiarios de isapres, una mayoría, nunca han presentado reclamos contra las alzas y se manifiestan satisfechos con la elección de una isapre en lugar de recurrir al Fonasa. Las encuestas revelan que muchos usuarios de este último quisieran poder cambiarse a una de estas instituciones, puesto que la oportunidad de la atención, que solo garantizan las aseguradoras privadas, es crucial cuando se trata de la salud. Sin dudas, el tema del aseguramiento de una población es complejo y las personas comunes son las que deben tomar la decisión de afiliarse a uno u otro sistema. Pero las dificultades que ha impuesto la autoridad en Chile —y que hacen aún más difícil entender lo que está en juego— tornan imposible que un chileno pueda adoptar su decisión con claridad de lo que está eligiendo.