La discusión pública parece más que nunca expuesta a la desinformación. La penetración de las redes sociales hace particularmente fácil que cualquier bulo tenga eco y difusión. En este sentido, no parece descaminado concebir el debate público actual como librado a una especie de anarquía: antivacunas, terraplanistas, negacionismos y conspiraciones de todo tipo salpican y enrarecen su espacio. Algunas de estas posiciones pueden ser más o menos inocuas. Otras no. Pero, por inverosímiles que sean, la situación que las propicia o en la que medran es preocupante porque, después de todo, es, o bien un síntoma del estado de nuestra cultura, o bien uno de los factores que contribuyen a formarla. O ambas cosas. Y eso incluye, naturalmente, nuestra cultura política.

En este contexto, resultaría posible concebir sin más la política de las sociedades democráticas actuales como una “guerra de fake news”: desde el punto de vista discursivo, los actores de tales sociedades estarían inmersos en un “estado de naturaleza” argumentativo, en el que todo vale y en el que, en consecuencia, sería legítimo recurrir a los bulos para obtener ventaja. Sobre todo considerando que la renuncia unilateral al uso de las fake news no obliga a mi contradictor a abstenerse de usarlas. Por tanto, en ese escenario la renuncia a la mentira será vista como irracional, pues sitúa en una posición desventajosa a quien la hace. Y todo ello sin contar con que la renuncia partidaria, digamos, en bloque es imposible, dada la dispersión de los canales y fuentes de información: siempre habrá un descolgado que no resista la tentación de lanzar un bulo para obtener alguna ventaja.

Así las cosas, la verdad en la discusión pública se habría vuelto superflua. Si acaso alguna vez tuvo importancia, ello definitivamente acabó bajo la actual constelación de cosas. Las redes sociales habrían tornado obsoleta la verdad o, peor, indeseable. Primero porque resultaría casi imposible descubrirla. Los hechos a veces no son fáciles de establecer: los testimonios pueden ser contradictorios, las fuentes, poco fiables, y las interpretaciones, escurridizas. Y puede que la verdad no valga tanto esfuerzo si sus réditos electorales son modestos. Después de todo, “¿Qué es la verdad”. Y esto nos conduce al segundo punto: si lo único que importa es derrotar electoral o discursivamente al adversario, entonces el recurso de los bulos no solo es admisible, sino obligatorio.

La pregunta es, entonces, ¿qué hacer? No hay que perder de vista que en este escenario, tanto un político astuto como uno bienintencionado, pero ingenuo, pueden proponer las mismas medidas: medidas de control o fiscalización de los medios con el propósito de ordenar la discusión. El primero porque no cree en la democracia, y el segundo, precisamente, porque cree. El astuto, consciente de que no puede recurrir a la censura directa, buscará caminos oblicuos para lograrla. Pretextos no faltarán: ausencia de pluralismo, diversidad, transparencia, etcétera. El ingenuo, en su ingenuidad, le prestará su apoyo. ¿Cómo puede distinguir la ciudadanía entre uno y otro? Difícil tarea, dados los tiempos de desinformación en que vivimos.

Afortunadamente, no es necesario entrar en esas sutilezas. El compromiso con la democracia es suficiente para orientarse en este dilema: hay que preservar las condiciones formales que permiten la libertad de expresión. Fuera de eso, ni el gobierno ni la clase política en su conjunto están llamados a zanjar disputas acerca de las verdades ni científicas, ni teológicas, ni morales, ni de ningún tipo. Tampoco a suplir la expresión de opiniones poco defendidas por la ciudadanía en el ámbito público (supongamos, la teoría del valor-trabajo) o a influir en los medios para que presenten todas las opiniones disponibles (supongamos, a un terraplanista, para que “contrapese” a un astrónomo). Los medios particulares no necesitan hacerse eco ni reproducir todas las opiniones que hay o puede haber en la sociedad. Además, el poder para decidir acerca de la pluralidad o diversidad de opiniones en los medios es demasiado amplio y pone en riesgo la libertad de expresión.

En democracia la posibilidad de la verdad viene dada por las condiciones que hacen posible la libertad de expresión. Sus verdades, por tanto, son modestas y se alimentan de la esperanza de que se pueda albergar en virtud del ejercicio de esa misma libertad. Las demás medidas, “las sustantivas”, las encaminadas a erradicar los posibles errores y defectos, amenazan con clausurar el debate y matar, con ello, la democracia.

Felipe Schwember
Faro UDD