Con una economía mundial golpeada por la inflación y la crisis energética, las expectativas de que en la COP27 se lograran avances importantes eran modestas. Lamentablemente los resultados fueron igualmente decepcionantes. La falta de acuerdo para una reducción progresiva y creíble en el uso de combustibles fósiles es la principal razón detrás de esta evaluación negativa. Se ha renunciado, en los hechos, a la principal meta del Acuerdo de París, la de limitar el aumento de la temperatura del planeta a menos de dos grados respecto de los niveles preindustriales. Como además a la fecha este aumento ya alcanzó 1,1 grados, se ha reconocido también que una parte de los impactos del cambio climático ya es irreversible.

Estas son realidades que deben considerarse al momento de afinar la estrategia de Chile en materia climática. A estas se suman otras consideraciones. En primer lugar, recordar que siendo nuestro país uno de los más afectados, las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) de Chile son, y han sido, marginales en el contexto global. Chile no tiene responsabilidad alguna en la crisis climática, y lo que haga o no haga el país para reducir las emisiones de GEI no va a “mover la aguja”. La responsabilidad recae derechamente en las grandes economías emisoras de GEI: EE.UU., China, Europa, Rusia, India, principalmente.

Ninguna de ellas se ha comprometido a reducir sus emisiones en base a una trayectoria consistente con las metas del Acuerdo de París. Y si bien en la COP27 hubo un tímido reconocimiento al derecho que les asiste a los países más afectados a ser compensados, nada se acordó en concreto por concepto de “pérdida y daño”.

A pesar de que se está probablemente frente a la mayor transferencia de riqueza de la historia, ningún país desarrollado estuvo dispuesto a asumir derechamente su pasivo ambiental.

En segundo término, los recursos disponibles para enfrentar el cambio climático en Chile son muy limitados. Esto obliga a ser muy rigurosos en la asignación de recursos, priorizando las iniciativas con mayor rentabilidad social.

Un ejercicio básico de “real politik” sugiere entonces que el país debe privilegiar las acciones de adaptación al cambio climático (convivir lo mejor posible con el cambio climático) y solo embarcarse en las de mitigación (reducir las emisiones de GEI) en la medida en que estas sean rentables.

Las primeras se fundamentan en que el cambio climático es en parte irreversible y que hay que hacerse cargo de su impacto. La “mitigación hecha en casa” tiene virtualmente cero impacto sobre el clima y encuentra su justificación principalmente en evitar que Chile sea visto como otro “free rider” mundial. La principal afectación causada por el cambio climático en el país es, por lejos, la menor disponibilidad de agua fresca. Si bien existe bastante consenso del carácter prioritario que tiene adaptarse a esta condición, se echa de menos un mayor sentido de urgencia para impulsar iniciativas de adaptación: plantas desaladoras, embalses y otras acciones identificadas en las curvas de abatimiento hídrico, como por ejemplo la elaborada por la Fundación Chile.

Se debe reconocer también que en el ámbito de las acciones de mitigación lo que importa es lo que hagan las grandes economías emisoras de GEI, no lo que haga Chile. Esto sugiere que no tiene mayor sentido promover políticas públicas que tienen por objeto ser un ejemplo para el mundo pero que no benefician mayormente al país y que, por el contrario, le pueden restar competitividad. Entre estas últimas se inscriben planes como el forzar una descarbonización acelerada antes que estén dadas las condiciones para ello, la imposición unilateral de impuestos verdes, y la fijación de cuotas mínimas para la generación de energía verde (pero por supuesto solo para las energías renovables no convencionales, excluyendo una vez más a la mayor parte de la generación —igualmente verde— hidroeléctrica).

Se debe, por otra parte, lamentar que la Ley Marco de Cambio Climático no haya considerado la creación de un mecanismo de compensación para la emisión de GEI. En el ámbito de la actividad empresarial, merecen un aplauso las múltiples acciones de mitigación que apuntalan la competitividad de nuestras empresas. Destaca aquí la gran y creciente participación de las energías renovables en la matriz energética, ello (casi) sin subsidios. Todas ellas responden a criterios de rentabilidad, ya sea que se basen en una mayor eficiencia, o bien apalancadas en las preferencias y exigencias de sus clientes y de otros grupos de interés relevantes.

Thomas Keller