Señor Director:

Luego de tres meses de negociaciones de los partidos respecto de un nuevo proceso constituyente, el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social (el partido del Presidente Boric), afirmó: “Le pedimos (a la derecha) que no pongan en riesgo la legitimidad de una nueva Constitución y se tomen en serio la crisis de legitimidad que sigue viva en Chile” (“El Mercurio”, 5/12).

Es un modo de presionar para que el eventual proceso se dé en los términos que acomodan al oficialismo, semejantes a los de la Convención anterior (100 integrantes, escaños indígenas, etcétera). Es extraño, porque aquella Convención, controlada de principio a fin por las izquierdas gobernantes, representó una experiencia desastrosa para el país, y condujo a una derrota apabullante del Gobierno. No se entiende, por lo tanto, que el oficialismo quiera repetir la historia. Aunque quizás solo busca obtener un pequeño triunfo mediante el recurso de culpar a los adversarios si las negociaciones fracasan.

Ibáñez dice que hay que tomar en serio “la crisis de legitimidad”. Como representante oficioso del mandatario en las negociaciones, se supone que les toma el peso a las palabras. La supuesta crisis de legitimidad, ¿cubre de dónde hasta dónde? ¿Afecta al Presidente de la República? ¿O al Congreso, que sigue aprobando leyes? ¿Están en crisis de legitimidad el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, el Banco Central, las FF.AA., las instituciones policiales, etcétera? ¿A qué se refiere, exactamente, el diputado? ¿A quiénes les habla?

La hinchazón populista del lenguaje llegó a niveles críticos en los últimos años en el mundo político. Ya vimos todo el daño que causó la desaprensión palabrera en la Convención fracasada, expresión al fin y al cabo de una manera disoluta de concebir la política, que en el fondo desprecia la capacidad de razonar de los ciudadanos.

Hablar livianamente de “crisis de legitimidad” perjudica al país, en momentos en que se requiere un esfuerzo orientado a reforzar la estabilidad institucional y a imponer el respeto a la ley en todo el territorio. De ello depende que el gobierno del Presidente Boric no naufrague.

Sergio Muñoz Riveros