Escribo esta columna siendo el viernes 2 de diciembre a las 16.00 hrs. En el mismo momento transcurre la reunión fundamental de los partidos con representación parlamentaria para intentar lograr un acuerdo que permita la continuidad del proceso constituyente. Esos mismos partidos ya han acordado 12 principios básicos de la futura nueva Constitución, así como un equipo designado por el Parlamento que resguarde en el futuro texto que esos 12 principios no se violen; en consecuencia, lo que falta por dirimir es el mecanismo mediante el cual se elegirá la nueva convención, sea esta 100% elegida y/o una combinación entre elegidos y miembros designados por el Parlamento en calidad de expertos.

La sociedad chilena espera el acuerdo porque no es tolerable que el sistema político fracase tres veces en los últimos cuatro años y vamos a entender por sistema político al Gobierno, el Parlamento y los partidos políticos. Un primer fracaso ocurrió el 18 de octubre de 2019: en su inmensa mayoría, el sistema político nunca pensó en un estallido social de esa envergadura, seguido una semana después por la marcha más grande de la historia de Chile, y concluyendo el 12 de noviembre con una huelga general con cobertura nacional y con una intensa violencia. El segundo fracaso derivó de la situación anterior. El sistema político canalizó el desborde social anteriormente referido por la vía del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, mediante el cual los partidos firmantes que representaban al 90% del electorado abrieron el camino de una reforma constitucional que a su vez permitió el plebiscito de entrada, la elección de los convencionales con paridad y escaños reservados y que culminó con el plebiscito de salida del 4 de septiembre de este año. Este fracaso, dado el resultado del 62% de rechazo, expresó que “el avanzar sin transar” de la mayoría de la Convención no tuvo el respaldo ciudadano y solo se limitó a un 38% de aprobación.

Antes del 4 de septiembre, las fuerzas oficialistas apelaron a la ciudadanía con la consigna aprobar y después mejorar, y las fuerzas opositoras, por su parte, convocaron a la ciudadanía a rechazar para después reformar y tener una nueva Constitución. Ese es el compromiso que en estas horas está en juego. En mi opinión, es imprescindible un acuerdo para que Chile tenga una nueva Constitución que supere 42 años de enfrentamientos sobre la Constitución que nos rige, no obstante los avances logrados en la reforma de 1989 y en la reforma del Presidente Lagos el 2005. Es imprescindible de una vez por todas zanjar esta diferencia para que el país logre certeza y estabilidad en el futuro y el sistema democrático que nos rige se fortalezca. Por lo demás, desde el punto de vista de las fuerzas de centroizquierda y de izquierda, el haber logrado que uno de los 12 principios de la nueva Constitución, y que consiste en que esta carta defina a Chile como un Estado social y democrático de Derecho, constituye un triunfo estratégico para las fuerzas transformadoras.

Dado el objetivo estratégico ya logrado, uno esperaría que las fuerzas del Gobierno tengan la mayor flexibilidad táctica en términos de naturaleza de la integración de la convención y cronograma electoral. En mi opinión, nadie debiera cerrarse a un principio táctico que coloca en riesgo el objetivo estratégico logrado. En política estos son los momentos clave que permiten discernir entre el camino y el objetivo. Si se tiene claro lo anterior, el resultado necesariamente será positivo. Ninguna fuerza política progresista puede refugiarse en el instrumento sacrificando el objetivo principal, cual es, tener una nueva Constitución que supere la Constitución del 80 y sus reformas.

Usted, estimado lector, está leyendo esta columna hoy sábado 3 de diciembre. Es de esperar que la lea habiéndose logrado ayer el esperado acuerdo y que el sistema político no haya fracasado por tercera vez en cuatro años.