La Corte Internacional de Justicia de La Haya consolidó los derechos de Chile sobre las aguas del río Silala, y su aprovechamiento gratuito en el territorio nacional.

La sentencia del principal tribunal de la tierra consignó que el reconocimiento boliviano, en estrados, del carácter internacional del río Silala y del derecho al uso equitativo y razonable de sus aguas por los países ribereños, coincidente con los planteamientos chilenos, puso fin a la controversia jurídica sometida a su consideración. En los hechos, y jurídicamente, el objeto de la disputa resultó inexistente desde que Bolivia se allanara a la posición de Chile.

En opinión de los magistrados, el cambio de posiciones de Bolivia, durante la tramitación judicial, dejó indiscutidos los fundamentos de las pretensiones chilenas, y por tanto carecía de objeto el pronunciamiento de la Corte en estas materias, más allá de registrar la coincidencia de sus correspondientes derechos al uso compartido, estableciendo de paso la soberanía de Bolivia para disponer de la infraestructura construida en su territorio, derecho que no ha sido impugnado por Chile.

La Corte no distinguió, para los efectos de su sentencia, entre aguas que escurren naturalmente o por medios artificiales, y desechó solo una de las cinco pretensiones chilenas, la quinta, relativa al incumplimiento de Bolivia y su obligación de notificar y consultar las medidas que pueden tener efectos adversos en el sistema del Silala, conforme a lo establecido en la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de aguas internacionales para fines distintos de la navegación.

Lamentablemente el canciller boliviano, Rogelio Mayta, con una burda interpretación de la sentencia, intenta inútilmente mantener el contencioso, desconociendo los esclarecedores y ratificatorios términos del fallo, pretendiendo ignorar los alcances de las aceptaciones manifestadas por los agentes de su país durante el juicio.

El obligado reconocimiento por Bolivia de los derechos chilenos era inevitable ante los sólidos fundamentos aportados por la defensa chilena a partir de su demanda presentada en 2016. Entonces, Chile se vio forzado a recurrir a la Corte luego que el Presidente Evo Morales, irresponsablemente, amenazara con demandar a Chile, atribuyendo a las aguas del Silala la categoría de manantial, desconociendo el curso transfronterizo del caudal y alegando, además, “usurpación” y “robo” de los recursos bolivianos.

La querellante personalidad de Evo Morales introdujo un obstáculo a las relaciones entre Chile y Bolivia, y condujo por segunda vez a un fallo de la Corte de La Haya, desfavorable para su país, por otra amenaza que derivó en una reclamación infundada, como lo fuera la demanda “Bolivia vs. Chile. Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico”.

La solicitud presentada durante el gobierno de la Presidenta Bachelet fue decisiva, ya que contaba con favorables estudios previos de larga data.

El sobresaliente y eficaz equipo de la defensa chilena agregó fundamentos y evidencias científicas y jurídicas en respaldo de la demanda, tramitada por los siguientes gobiernos como una política de Estado, conforme al compromiso de respetar el Derecho Internacional.

Correspondería que ambos gobiernos, en beneficio de los intereses compartidos por Chile y Bolivia y de las legítimas aspiraciones de mejorar las oportunidades de bienestar de sus pueblos, impulsen la agenda bilateral convenida, como así lo ha manifestado el Presidente Gabriel Boric al comentar la sentencia de la Corte de La Haya.