El Presidente Gabriel Boric ha afirmado que hay sectores del país donde el Estado no puede entrar. Si bien sus palabras no causan sorpresa, pues la opinión pública ya estaba informada de varios lugares que han sido virtualmente tomados por grupos empoderados, el reconocimiento del fenómeno debiera despertar inquietud en los poderes públicos. Se trata de territorios repartidos por todo el país que carecen de los servicios básicos, tales como agua potable, alcantarillado y electricidad, pero cuya característica principal es que están organizados por grupos criminales. Se especula respecto de esta organización, pues no es mucho lo que se sabe respecto del modo en que se ordenan estos lugares.

En el extremo norte del país, predominan los inmigrantes, que constituyen una amplia mayoría de los habitantes de esos sitios. En la zona central, especialmente en la capital, se hace sentir el poder del narcotráfico, que impone sus reglas, dejando al margen a las fuerzas de orden y seguridad. En el sur ya es ampliamente sabido que existen organizaciones mapuches y no mapuches vinculadas a la criminalidad organizada, incluyendo el narcotráfico, que mantienen atemorizadas a las comunidades de ese pueblo y al resto de los habitantes. Estos grupos han sido capaces de amedrentar a las fuerzas del orden, disparando y matando a funcionarios de la policía, para no recordar la frustrada visita de la ministra del Interior de la época en marzo de este año. En el robo de madera también se repite el fenómeno de bandas criminales cuyo interés principal es mantener excluida a la fuerza pública de los territorios donde ellos imponen su ley.

El origen y la duración de estas anomalías son diferentes en cada una de esas zonas, aunque todas ellas tengan características comunes. Las zonas del norte son un fenómeno relativamente reciente, pero no así las de Santiago, que comenzaron a crear sus condiciones en la década de 1990. A estas alturas son barrios organizados, con grupos que operan al margen de la ley, que les dan seguridad a sus habitantes, incluso llegando a ofrecer acogida a niños semiabandonados por sus condiciones de pobreza, a menudo dándoles incluso la alimentación, a cambio de lo cual obtienen su fidelidad y sus servicios para delinquir. Pero el rasgo de mayor interés es que han logrado dominar varios territorios excluyendo de ellos al Estado de Chile.

La concepción tradicional del Estado es la de la organización política que ejerce el control de un territorio que tiene una población determinada. Desde luego, existen muchas escuelas de pensamiento al respecto, pero todas coinciden en que para hablar de un Estado es necesario que exista un territorio habitado que esté bajo su control. Desde el momento en que se pierde dicho control y se vuelve imposible imponer la ley, comienza a erosionarse no solo la autoridad, sino que el Estado mismo pierde su razón de ser. Por ello, parece indispensable que se tome en serio lo que se ha propuesto el Gobierno, en palabras del Presidente de la República: “Como gobierno estamos empeñados en recuperar todos los espacios públicos”. Después de una afirmación tan concreta, sería incomprensible que no se avanzara en recuperar una serie de sitios abandonados a la delincuencia.

El asunto, sin duda, está ligado al problema general de seguridad pública que la población sitúa entre los más importantes que la afectan hoy. El desafío no debiera ser tan difícil de enfrentar en muchas de las situaciones, pues bastaría con la decisión de todas las fuerzas políticas para darles término a estas ocupaciones. Quizá poner de acuerdo a grupos políticos tan disímiles podría parecer una ardua tarea, pero la magnitud del desafío debiera ser suficiente para aunarlos a todos, en especial si se considera que la población está secuestrada, sin recibir los beneficios mínimos que supone la vida en sociedad.