En una reunión sostenida en este diario, entre otros, por autoridades y exautoridades del Ministerio de Educación y rectores para conversar sobre las proyecciones que significan los cambios en los instrumentos de admisión a las universidades surgió la duda respecto del sistema de financiamiento que tendrán los estudiantes en el futuro. La subsecretaria de Educación Superior fue categórica en reiterar que se condonará el Crédito con Aval del Estado a quienes tienen una deuda vigente y que a futuro desaparecerá como alternativa de financiamiento de los estudiantes. Un proyecto de ley que se enviará en 2023 ratificará esta decisión y promoverá un nuevo sistema de aportes a los jóvenes que cursan la educación superior. Hasta ahora no hay ninguna claridad respecto del diseño que tomarán ambos programas. Respecto de cómo proceder con la condonación quedó claro, hace algunos meses, que las visiones de Educación y Hacienda no son coincidentes. Luego el asunto había desaparecido del debate público.

Es evidente que el retorno social de una condonación general es negativo. Un sistema de estas características debe ser razonablemente sostenible en el tiempo, toda vez que las personas con estudios de educación superior en Chile tienen ingresos relativos más altos que sus contrapartes de la OCDE. Así, por ejemplo, una persona con licenciatura o equivalente tiene un ingreso que en promedio es 2,8 veces el de una persona con estudios secundarios en el país. En los países de la OCDE esa razón es apenas 1,4 veces. De ahí la injusticia de sistemas demasiado generosos de financiamiento estudiantil. La condonación es, en este sentido, poco recomendable.

Distinta es la discusión sobre la protección que debe brindar un sistema de financiamiento estudiantil a quienes no les va tan bien. El CAE tiene elementos que apuntan en esa dirección. En particular, si la cuota que se paga es superior al 10 por ciento de los ingresos, se le fija como tope esta proporción. Ahora, se podría estimar que esta protección es insuficiente y buscar mecanismos alternativos; por ejemplo, para niveles que no superen cierto umbral de ingresos el techo podría ser solo 5 por ciento y luego podría subir gradualmente hasta llegar a un 10 por ciento. Siguiendo este camino se pueden desarrollar diferentes mejoras, todas muy superiores socialmente a una condonación.

Respecto del nuevo sistema de financiamiento, tampoco hay ninguna claridad. En parte, porque el diagnóstico respecto del actual es bien sesgado. La subsecretaria sostuvo que el CAE ha sido una “pésima política”, pero la realidad es más matizada. Sin perjuicio de que su diseño podría haber sido mucho mejor, ha ofrecido una oportunidad para muchos jóvenes de acceder a la educación superior y lograr una mejor calidad de vida de la que podrían haber tenido sin acceso a este financiamiento. Una proporción importante de los receptores ha cumplido con sus obligaciones satisfactoriamente y ha ayudado con ello a sostener el sistema. Por cierto, ha habido morosidad, en parte motivada por un diseño insuficiente de la protección antes señalada, pero en otros casos ha sido incentivada por un discurso equívoco respecto de la inmoralidad de esta política, que carece completamente de sentido. Los anuncios de condonación, de hecho, hicieron subir la morosidad.

Un sistema razonable de financiamiento estudiantil, en la realidad social y económica del país, debe compartir algunos criterios similares al esquema vigente, esto es, tener una tasa de interés positiva, una exigencia de devolver los recursos aportados en la medida que los egresados tengan las condiciones para hacer ese esfuerzo. En caso contrario, se corre el riesgo de destinar varios cientos de millones de dólares más del erario público al financiamiento de los estudiantes en educación superior cuando las prioridades de inversión social deben estar puestas en otros lugares si se quiere construir un país más justo y dinámico.