Luego de la propuesta de reforma de pensiones anunciada por el Gobierno, conviene examinar en detalle cuáles son los puntos débiles de nuestro sistema previsional, con el fin de evaluar si esta iniciativa resuelve correctamente estas debilidades.

Una buena forma de mantener la objetividad es revisando lo que dice el Índice Global de Pensiones Mercer-CFA sobre la situación de nuestro sistema previsional. El índice se basa en más de 50 indicadores previsionales, que se agrupan en tres subíndices: adecuación de los beneficios, sostenibilidad e integridad del sistema. En su 14ª edición anual, incluyó 44 países, cubriendo el 65% de la población mundial.

Hasta 2019, Chile se ubicaba en el “top 10” del Índice, por sobre países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, destacando nuestro país en la sostenibilidad e integridad del sistema, pero el menor puntaje era el de la adecuación de los beneficios. Conforme se han introducido nuevos países al indicador, Chile ha bajado algunas posiciones, pero a nivel general mantiene un buen desempeño y el puntaje total obtenido ha venido subiendo.

En 2020, el país bajó dos posiciones (al 12°) y en los últimos dos años se ubicó en el lugar 16°. Si bien continúa por sobre países como España, Francia y Portugal, muy posiblemente los retiros extraordinarios de fondos realizados entre 2020 y 2021 afectaron negativamente la sostenibilidad del sistema. Como punto positivo, entre 2021 y 2022 el país mejoró su puntaje en la categoría adecuación de los beneficios, a pesar de que en el período de recopilación de la información no se incorporó el efecto de la instauración de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En términos generales, el informe propone que los países deben avanzar en varios aspectos para fortalecer sus sistemas previsionales: ofrecer una red de protección para todos; mejorar el acceso a planes de pensión bien administrados y eficientes en términos de costos; apoyar iniciativas para incrementar la tasa de contribución; aumentar la edad de retiro de modo que refleje los cambios en las expectativas de vida y fomentar el ahorro privado, tanto obligatorio como voluntario, para reducir la dependencia de las pensiones estatales.

Particularmente para Chile, el informe hace tres recomendaciones para que mejore su posición en el ranking: incrementar el monto del beneficio para los más pobres; aumentar la edad de jubilación de las mujeres y solicitar la entrega de reportes anuales de los fondos de pensiones a todos los afiliados.

Al respecto, la reforma propuesta por el Gobierno solo se hace cargo de la primera de estas tres sugerencias, al indicar que el monto de la PGU se incrementaría a $250.000. Nada dice la propuesta sobre subir la edad de jubilación de las mujeres que, dicho sea de paso, es la principal medida que ayudaría a reducir la brecha de género en pensiones, según múltiples estudios. La reforma tampoco plantea mejorar el accountability de las administradoras de fondos de pensiones, a través de la entrega de un reporte anual de desempeño, como lo hacen la mayoría de los planes de pensiones privados a nivel internacional. Más interesante aún es que mientras el informe sugiere que los países deben incrementar el ahorro privado para reducir la dependencia en las pensiones públicas, la reforma propuesta sugiere avanzar en la dirección opuesta, al crear un esquema de pensiones públicas de reparto (de cuentas nocionales) con el 6% de cotización extra.

Es una excelente noticia que el Gobierno haya transparentado su propuesta de reforma. Es la tercera reforma que se intentará aprobar y es de suma importancia que en esta oportunidad se logre un acuerdo transversal. Urge mejorar las pensiones y el país tiene una nueva oportunidad para ello, por lo que la reforma debe centrarse en aquellos aspectos que avanzan en esta línea, en vez de entramparse en discusiones ideológicas.

Karol Fernández
Investigadora Centro de Políticas Públicas, Facultad de Economía y Negocios-USS