La semana pasada, en el marco de nuestra participación en la Cumbre de Ministras y Ministros de la OCDE, la ministra para la Digitalización de los Países Bajos centró su intervención abordando el fenómeno de la desinformación. “Enfrentar los desafíos globales y no ignorarlos es nuestra responsabilidad política”, nos dijo.

Su frase resonó en la sala y no hizo más que comprobar que el diagnóstico es compartido: la desinformación es un problema global que existe tanto en su país como en el nuestro, que daña el tejido social de las naciones; que erosiona nuestra convivencia; y que amenaza, constantemente, no solo con socavar nuestras democracias y la confianza en las instituciones, sino también a la libertad de expresión.

Sin embargo, hasta ahora nadie —ni los gobiernos por un lado, ni el mundo privado por el otro— ha dado con la receta mágica para solucionar este problema. Atrincherarse, como hemos visto, claramente no es la llave para resolver esta quimera. ¿Hacia dónde hay que apuntar, entonces? La brújula que guíe el camino hacia soluciones duraderas y permanentes en el tiempo, que aborden estructuralmente el problema de la desinformación, debe tener como norte la colaboración entre todos los actores relevantes.

En este sentido, los medios de comunicación —todos, tanto tradicionales como no tradicionales— son aliados en esta batalla contra la desinformación, y quien piense lo contrario se equivoca completamente. Los medios —la prensa escrita, la radio, la televisión y los medios digitales— son los primeros cortafuegos ante la amenaza de las mentiras que se riegan y viralizan en las redes sociales, muchas veces asediando el discurso público a través de un lenguaje que incita al odio y que enfrenta a las personas bajo una lógica enmarcada en el miedo a lo distinto.

En el afán de construir soluciones colectivas, como Gobierno tenemos la certeza de que la desinformación se debe combatir fortaleciendo a los medios de comunicación, a sus periodistas y mecanismos de verificación de información, como también invirtiendo en campañas de alfabetización digital y medial; y estableciendo una colaboración codo a codo con el mundo privado, la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales, bajo una lógica que no dependa de los gobiernos de turno y de las ideologías políticas. La desinformación y la difusión de noticias falsas es un problema que continuará desgastando a nuestras instituciones más allá de este Gobierno, y como tal, debemos ser capaces de articular un pacto social que construya soluciones transversales que perduren en el tiempo.

Las democracias como la nuestra tienen una responsabilidad gigantesca con la protección de la libertad de expresión, con el derecho a la información, con el ejercicio del periodismo, y con la defensa del pluralismo como valor fundamental de la sociedad. Por ello es que el combate a la desinformación no es contrario a esos valores, tampoco excluyente, sino que busca, precisamente, fortalecer y afianzar aún más la garantía de estos derechos, que son la piedra angular de cualquier país cuyo gobierno está comprometido con la democracia.

Estoy convencida, más aún tras leer el editorial de ayer en este mismo diario, que existen más elementos que nos unen que aquellos que nos desunen. Vuelvo a reiterar el llamado a todos los actores a que se sumen a construir soluciones en conjunto a través de un debate franco y riguroso, uno que de una vez por todas deje a un lado los prejuicios y los estereotipos. Este proceso requiere de un aprendizaje y necesitamos una colaboración transversal para poder facilitar esa educación.

Finalmente, estamos todas y todos llamados a defender nuestras democracias.

Camila Vallejo Dowling
Ministra Secretaria General de Gobierno