Según la ONG Freedom House, que hace décadas viene siguiendo el estado de las libertades civiles y políticas en el mundo, estas no habrían dejado de retroceder desde 2005. Este sentimiento antidemocrático no tiene una única causa y las diversas explicaciones para intentar entenderlo distan de ser ampliamente compartidas. Hay, entonces, diversas investigaciones en curso intentando entender mejor este fenómeno. Por supuesto, la democracia requiere de instituciones robustas que puedan velar por el ideal de igualdad ante la ley y por las libertades civiles y políticas que la caracterizan. Ellas son claves para proteger a los ciudadanos de las arbitrariedades o discriminaciones de quienes ejercen el poder. Los líderes autoritarios modernos no han suspendido las elecciones, pero han horadado las instituciones que resguardan su buen funcionamiento para sostener su poder. Las elecciones periódicas suelen ser así un trámite.

En muchos casos, ha habido una cierta pasividad del electorado frente a estas tendencias, lo que sugiere tal vez que la democracia ha perdido atractivo para la ciudadanía. Quizás ello sea un reflejo de su propio éxito en consagrar precisamente las libertades que antes eran tan esquivas. Pero ocurre que, aseguradas estas, las miradas se han vuelto hacia otros ámbitos que revelan algunas debilidades o inefectividades en su funcionamiento.

Esta reflexión es inevitable al revisar los resultados de una encuesta Criteria aparecida en los últimos días. En ella, un 68% de la población afirmaba preferir la seguridad antes que la libertad. Es indudable que el último de estos valores no está amenazado en nuestro país, mientras que el primero sufre serios embates que han incrementado el temor de la ciudadanía a niveles históricamente altos. Por cierto, este sentimiento está muy afectado por la violencia que se observa en distintos actos delictuales, el significativo aumento de los asesinatos y los continuos ataques terroristas de los que son víctimas los habitantes de la macrozona sur, entre otros hechos.

Si estos antecedentes se combinan con otros que arroja la encuesta, el cuadro que emerge es preocupante. En efecto, un 38% de los encuestados estima que en una situación de violencia y delincuencia generalizadas, las autoridades de gobierno debieran tener el derecho de arrestar a personas sin orden judicial, y un 35% opina que el derecho de dichas autoridades debería extenderse también a intervenir conversaciones telefónicas y medios de comunicación. Esto sugiere una fragilidad no despreciable en libertades individuales fundamentales. Por supuesto, son preguntas hipotéticas en un contexto complejo desde el punto de vista de las seguridades personales. Con todo, si algo esperan todos los ciudadanos del Estado es una capacidad razonable para asegurar derechos básicos y el orden público.

Son escenarios como estos los que se prestan para caudillismos que prometen soluciones que suelen ser muy poco beneficiosas para las libertades individuales. La experiencia comparada al respecto es ilustrativa. No es raro, entonces, que en las democracias más consolidadas la atención que ponen todos los sectores políticos al control de la delincuencia y violencia sea muy decidida. Al país le ha costado mucho en los últimos años abordar con grados altos de acuerdo una agenda efectiva para enfrentar estos flagelos. En muchos casos por conveniencias tácticas o poca convicción de sectores del oficialismo respecto de la importancia que esa agenda tiene para la convivencia democrática. Ahora hay una reacción, pero no está exenta de dificultades, sobre todo porque el Estado dejó de hacer cosas que habrían podido frenar los fenómenos más graves que estamos observando. Se requiere, entonces, desarrollar una agenda creíble y compartida en este ámbito. Hasta ahora los anuncios son demasiado genéricos, las estrategias, borrosas, y los indicadores de resultados esperados, inexistentes. No se puede seguir esperando.