Hace 25 años se promulgó la Ley de Jornada Escolar Completa, que extendió el horario lectivo y posicionó a Chile, hasta hoy, entre los países con mayor número de horas de clases, entre tercero básico y cuarto medio. Dicha reforma contempló también alrededor de seis horas de libre disposición para los establecimientos con la jornada completa. La ley fue flexible en definir el uso que los planteles podían dar a esas horas. Algo que tenía mucho sentido, atendido que los diversos proyectos educativos podrían tener prioridades distintas.

El valor de ese espacio de libertad sigue siendo relevante. Sin embargo, un proyecto que se tramita en el Congreso intenta regular el destino de esas horas. Se quiere, por ejemplo, prohibir que se destinen a las asignaturas obligatorias del currículum nacional. Además, se busca hacer vinculante la opinión de los estudiantes respecto de su uso. Aparecen así nuevamente ese constructivismo social y la falsa pretensión del conocimiento que cree saber qué es mejor para la educación de niños y jóvenes de realidades muy distintas. Es razonable suponer que las diversas comunidades tienen mejores capacidades para detectar aquellas actividades escolares que son más apropiadas para llevar adelante sus proyectos educativos y desarrollar las habilidades de sus estudiantes. Indispensable es reconocer también que estos proyectos deben ser integrales y que precisamente por eso se requiere consistencia, coherencia y articulación apropiada en su implementación. Pensar que ello puede lograrse por la vía de opiniones vinculantes de los estudiantes es olvidarse del sentido más profundo de la educación.

Es probable que este propósito legislativo esté basado en diversos mitos. Por ejemplo, que estas horas se usan para preparar pruebas estandarizadas o con escasa participación de los actores educativos. Sin embargo, varios estudios desarrollados desde la implementación de la reforma —algunos auspiciados por el Ministerio de Educación— sugieren un panorama más complejo. Así, hay una diversidad en su uso entre establecimientos y niveles escolares, y el tiempo dedicado a la preparación de pruebas externas es, en general, muy reducido. A su vez, la participación de profesores, estudiantes e incluso padres y apoderados en la decisión de uso de esas horas es mucho más alta de lo que sugieren dichos mitos.

Inevitable es recordar, a propósito de este proyecto, la equivocada intención de la autoridad de terminar con el Simce, que en días pasados se rindió en cuarto básico, y reemplazarlo por otro instrumento que se desconoce. Las razones esgrimidas también tienen mucho de mito: estigma, estrés de los actores educativos y empobrecimiento de la experiencia escolar. Los lineamientos iniciales de la nueva herramienta —una combinación de mediciones nacionales, locales y notas escolares— no hacen mucho sentido. La suma de estas iniciativas supone retrocesos tanto en autonomía escolar como en escrutinio público, lo peor posible para el progreso educativo.