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Cartas
Lunes 21 de noviembre de 2022
Violencia escolar
Señor Director:
Resulta evidente que la violencia que presenciamos en múltiples centros educativos de todo el país es, en no pocos casos, una violencia a otra escala que la escolar; más directa, ideológica y política, o más enlazada con fenómenos de criminalidad: ella debe ser detenida con los instrumentos que hoy posee la ley vigente. No puede haber un mensaje ambiguo en este sentido de parte de ninguna autoridad.
Otra cosa distinta es que podamos discutir nuevas leyes que fortalezcan el rol formativo de los educadores, porque no estamos de acuerdo con el énfasis punitivo que hoy se les da en la legislación. El Ejecutivo debiera, al mismo tiempo que hace cumplir la ley vigente —nacida de un extenuante proceso de discusión que si es necesario se debiera dar con nuevos argumentos—, enviar una nueva fórmula más cercana a lo que la experiencia comparada dice y la evidencia promueve como buenas prácticas para detener la violencia escolar, que repito, no es toda la violencia que puede ocurrir en una escuela, liceo o universidad. ¿Esperan que la pedagogía se transforme en el catalizador de la violencia social y política?
Por lo mismo, otra cosa, además distinta, es que el Estado invierta más recursos para dotar a todos los centros educativos de buenas prácticas, que se alejen de las espirales tóxicas de violencia, y desarrollen procesos virtuosos de creación de climas escolares sanos y nutritivos para el aprendizaje. Esos recursos son necesarios para todos los centros educativos, sin importar si son o no administrados por entes públicos o privados. La violencia no distingue clases sociales, tampoco la impunidad.
Agrego un pequeño detalle: son cada vez menos los profesores en el sistema, y así lo será según los pronósticos; este tema se suma a la crisis actual de las pedagogías. El escenario no es bueno para las vocaciones.
Jaime Retamal Salazar
Dr. en Educación, académico Usach