Lo normal es que los gobiernos se preocupen de que la ciudadanía cumpla con las leyes. En Chile enfrentamos una escena al revés: en una semana el gobierno del Presidente Gabriel Boric se declara en estado de desobediencia frente a dos leyes, la Antiterrorista y Aula Segura.

Las razones invocadas por el Gobierno para no aplicarlas: no resuelven los problemas. La Ley Antiterrorista no impediría el ataque al Estado de Chile, a la democracia, a la libertad, ni al objetivo de causar terror; y a juicio del subsecretario Monsalve, “no ha llevado a nadie a la cárcel”. Y según el ministro Ávila, la aplicación de Aula Segura ha provocado una “fractura” con los estudiantes, y no serviría para detener la amenaza de los overoles blancos al derecho a asistir a clases en un ambiente seguro; al ejercicio de la autoridad de profesores y directores, y a la simple vida cotidiana y futura memoria de cientos de jóvenes, en el patio del liceo.

Desde luego es muy grave que un gobierno pretenda aplicar la ley a la carta y que, en particular frente a lo que ocurre en Santiago, la Corte Suprema se haya visto en la obligación de recordarle que la decisión no es “a gusto de quien consume”, sino un mandato ineludible. Y, de paso, advertir que la violencia en los liceos emblemáticos es “extremadamente preocupante”, una obviedad que, por ello, da incluso pudor señalar, no tanto al parecer para nuestras máximas autoridades políticas.

Hay demasiadas señales y con la suficiente contundencia como para admitir que las razones de esta versión de desobediencia civil, como la alentada por varios de los actuales ministros y parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista, durante el estallido, son otras.

El Gobierno, que a estas alturas entiende la profundidad de sus tareas, sabe que la ley se debe aplicar guste o no. Y sabe también que su propósito es establecer la frontera entre el bien y el mal, impedir la impunidad de quien la cruza y, por tanto, su mera promulgación no impide que ocurran los hechos que penaliza. Siguen registrándose homicidios, femicidios, violaciones, entre otros cientos de delitos contemplados en nuestro Código Penal, y a nadie se le ocurre derogar sus respetivas leyes (no todavía, al menos).

Si la ley Antiterrorista y Aula Segura están mal diseñadas y no son instrumentos que permitan perseguir delitos, investigarlos y sancionarlos, lo natural —si se quiere dar, en efecto, una señal de tolerancia cero— sería impulsar sus respectivas reformas. Por el contrario, lo que la izquierda ha propuesto desde hace años respecto de las dos leyes es, derechamente, su derogación: no objetan su funcionamiento, sino su existencia.

Son leyes incómodas para el Gobierno: hay en el fondo una resistencia a perseguir conductas que, explicaciones más o menos, justifican como expresiones de protesta social. Van incluso más allá: se esfuerzan en rebajar su gravedad a través del lenguaje. En el sur no hay terrorismo (el reconocimiento presidencial en La Araucanía se desvaneció horas después), sino violencia rural y delincuencia. En los liceos emblemáticos no hay violentismo, sino problemas de convivencia escolar y opiniones críticas de los estudiantes, que levantan la mano con bombas molotov, en protesta por la infraestructura y el menú de la Junaeb. La respuesta, entonces, sería diálogo y la reivindicación de los derechos de los autores intelectuales y materiales del terrorismo, no represión y, en último término, justicia frente al daño causado.

El Gobierno ha cruzado una línea, mirar lo que ha ocurrido con el ojo de la ingenuidad puede tener consecuencias. La democracia finalmente descansa no solo en la existencia de las leyes, sino especialmente en su aplicación. En la certeza de que, por encima de quien ejerza el poder, hay normas permanentes y su invocación no estará en duda.

Isabel Plá