Hace una década, los afiliados a las AFP comenzaron a jubilar masivamente y descubrieron que sus pensiones eran muy bajas. Surgió el movimiento NO+AFP, tuvimos un estallido social y el Congreso sigue sin resolver el problema. Dos reformas ingresaron al hemiciclo, una en el segundo gobierno de Bachelet, la otra en el segundo gobierno de Piñera. Las dos fracasaron. Esto explica, en gran parte, los bajísimos niveles de confianza ciudadana en los políticos y el Congreso, quienes son percibidos como más preocupados de sus rencillas de poder que de los problemas que enfrentan los chilenos.

Una propuesta moderada

Hace una semana el Gobierno envió un nuevo proyecto al Congreso. El proyecto se divide en dos partes. La primera mantiene las cuentas individuales del sistema actual, financiadas por los trabajadores con aproximadamente el 10% de sus salarios. La segunda parte introduce un nuevo componente de seguro social, financiado por los empleadores con una contribución igual al 6% de los salarios.

El proyecto, además, propone separar el negocio del 10% de las cuentas individuales en dos. Primero, se creará una entidad pública a cargo de recaudar las contribuciones, preparar las cartolas, atender a los afiliados y pagar las pensiones. Segundo, los afiliados podrán elegir entre un número mucho mayor de opciones de inversión, incluyendo una pública.

Lo más novedoso del sistema propuesto es el 6% que contribuirán los empleadores, destinado a crear un sistema de seguro social con cuatro objetivos. Primero, compartir los riesgos al interior de cada generación (seguro intrageneracional), compensando a quienes tienen lagunas laborales y a quienes realizan labores de cuidado; e introduciendo bonos de maternidad y tablas de mortalidad paritarias para reducir la brecha de pensiones entre mujeres y hombres. El segundo objetivo es mejorar las pensiones de quienes ya jubilaron. Con el tiempo, esta parte de equidad intergeneracional desaparecerá. El tercero es contribuir un monto fijo por trabajador a una cuenta individual, transfiriendo recursos desde los trabajadores que ganan más a los que ganan menos. Y el cuarto objetivo es contribuir a una cuenta individual un monto proporcional a la cotización.

Este proyecto constituye una concesión importante de los partidos de Apruebo Dignidad. En 2017 se opusieron a una reforma parecida a la actual, principalmente, porque no terminaba con la capitalización individual. Mantener estas cuentas tampoco estaba en el programa del candidato Boric, ni en la primera ni en la segunda vuelta.

Una oposición intransigente

En contraste, la reacción mayoritaria de los líderes de derecha ha sido una crítica despiadada a la propuesta. Argumentan que todos los recursos adicionales deben ir a cuentas individuales; que todos los elementos redistributivos deben financiarse con impuestos generales; se oponen a la creación de un componente de seguridad social intrageneracional; y defienden el rol actual de las AFP. Es una postura más rígida que la que tuvieron frente a la propuesta de reforma presentada por el gobierno de Piñera, cuando firmaron un acuerdo que destinaba la mitad del 6% financiado por los empleadores a un fondo colectivo.

La derecha ha insistido en que separar el negocio de las AFP en dos entidades será dañino. Hay varias experiencias, no solo en países desarrollados, donde esta separación ha funcionado bien. Entre sus ventajas destaca una reducción de costos importante en fuerza de venta y publicidad. Una separación también facilita que emerjan opciones de inversión orientadas a la rentabilidad de mediano y largo plazo, y en un entorno más competitivo. Todo lo anterior mejorará las pensiones de los trabajadores. Sin embargo, la separación también acarrea riesgos. Es clave que la entidad estatal dé un buen servicio a los cotizantes; el actual seguro de cesantía puede ser un modelo a seguir. La regulación de los gestores de inversiones también es un tema importante, incluyendo que la opción pública no tenga una ventaja competitiva.

La reforma de pensiones debe lograr que el nuevo sistema sea percibido como legítimo. Seguir con las AFP dificulta que esto suceda, porque no supieron prever los problemas que surgieron y porque se les asocia con un modelo que prometió jubilaciones que estuvieron lejos de cumplirse. Lo lógico sería que la derecha defendiera un rol central para el ahorro individual, no que las AFP sigan beneficiándose de las barreras de entrada existentes en lugar de adaptarse a una nueva modalidad con mayor competencia.

Los líderes de la oposición se han pronunciado, además, en contra de destinar parte del 6% a la equidad intrageneracional. Argumentan que es mejor financiar este tipo de redistribución con impuestos generales, pero, al mismo tiempo, se oponen a que el Congreso apruebe incrementos sustantivos de la carga tributaria. Tal como argumentó Tomás Sánchez en una columna en Ex Ante, sería más constructivo que la derecha reconociera que, ante la imposibilidad política de cobrar un impuesto a la renta a trabajadores de ingresos medios, la propuesta del Gobierno de usar parte del 6% para financiar la seguridad social puede ser la mejor opción disponible.

Hay varios temas relacionados con el 6% que sería bueno analizar en el Congreso. Por ejemplo, el marco institucional que determinará la rentabilidad de las cuentas individuales que se financiarán con estas contribuciones, la cual será inferior a la rentabilidad efectiva de estos fondos, porque la diferencia debe financiar los primeros dos elementos de seguridad social mencionados.

La maldición

Apruebo Dignidad ha hecho concesiones importantes al apoyar la reforma del Gobierno. La derecha, en cambio, se ha parapetado en posiciones más extremas que las que tuvieron con el proyecto de reforma del gobierno anterior. Quizás crean que el 62% del Rechazo es sinónimo de un apoyo mayoritario a sus posturas más intransigentes y que los vientos políticos soplarán a su favor indefinidamente. Parecen ignorar la volatilidad del electorado actual y repiten el mismo error que cometió Apruebo Dignidad después de la elección de los convencionales. Se aferran a encuestas, muchas veces financiadas por las AFP y con preguntas un tanto sesgadas, de la misma manera que Apruebo Dignidad optó por ignorar los resultados adversos de las elecciones parlamentarias de noviembre pasado, e interpretó la contundente victoria de Boric en segunda vuelta como un apoyo incondicional a su proyecto político. Embriagados por la victoria obtenida en la elección de convencionales, Apruebo Dignidad desaprovechó la oportunidad para instalar las bases de un estado de bienestar. Mal interpretando el triunfo del Rechazo, la derecha también está siendo víctima de la maldición del ganador.

El proyecto que ingresó al Congreso se beneficiaría con una discusión matizada. Si la derecha no contribuye a que esto suceda, se perderá, una vez más, la posibilidad de alcanzar una necesaria reforma al sistema de pensiones.

Probablemente sea la última oportunidad que tiene la clase política para lograr un éxito legislativo en un tema clave para la ciudadanía y, con ello, frenar el ascenso al poder de las opciones populistas que se nutren de su inacción.