Destacados economistas y centros de estudio han demandado que el Gobierno comparta los datos y modelos usados en sus estimaciones de los efectos de la reforma de pensiones. Esta petición debe ser atendida y parece un primer paso positivo que las autoridades hayan convocado a dichos centros a una reunión para esos efectos. La transparencia en la entrega de información para la discusión de políticas públicas es escasa en Chile, y los informes financieros y regulatorios de proyectos de ley importantes carecen de la necesaria apertura sobre los supuestos usados en sus cálculos, de modo de permitir una discusión informada. En el caso de esta reforma, su magnitud e importancia justifican especialmente la demanda.

De las muchas dimensiones del informe de impacto regulatorio que acompaña el proyecto, los impactos macroeconómicos en crecimiento y mercado laboral son los que más dudas levantan. El informe establece que la reforma aumentará el PIB per cápita de largo plazo y contribuirá a mejorar el empleo formal. Es llamativo el contraste de este resultado con el estudio del Banco Central de 2017 que, a petición del Ministerio de Hacienda, evaluó el efecto sobre el crecimiento de distintos esquemas de cotización. Según ese estudio, una cotización adicional de 5% destinada a cuentas individuales o con transferencias intrageneracionales sin distorsiones generaba un aumento de 1% en el nivel del PIB, como resultado de un mayor ahorro, stock de capital y demanda por trabajo. En cambio, un aumento de 5% en cotizaciones destinadas al reparto generaba una caída del PIB de 2,8%. Resulta, por tanto, muy discutible la aseveración de que el proyecto del Gobierno —donde el reparto está en su esencia— pueda generar un mayor PIB de 1,1%.

Parte del argumento es que, en el muy largo plazo, la cotización adicional se ahorraría íntegramente. Pero aun así, nunca generaría un stock de ahorro equivalente a las cuentas individuales. Por ello, más sorprendente todavía es la afirmación de que el sistema propuesto provocaría un impacto sobre la actividad incluso mayor que la capitalización individual, en abierta contradicción con lo sostenido en su momento por el Central. Esto obedecería a que el nuevo sistema generaría un efecto muy positivo de formalización, pues los trabajadores informales tendrán el incentivo a formalizarse para recibir los beneficios del futuro seguro social. Sin embargo, no hay referencia al efecto negativo que el reparto —en conjunto con la PGU— produce para aquellos trabajadores formales cuyo aporte supera los beneficios recibidos. Para estos, la informalidad (total o parcial) puede terminar siendo beneficiosa, considerando, además, el aumento en los topes imponibles.

El informe es así pobre en términos de la transparencia metodológica para justificar cómo el sistema propuesto superaría a la capitalización individual en sus efectos sobre la actividad y el empleo. Esta falta de información es grave, toda vez que hace aparecer a esta iniciativa como superior a sus alternativas en todas las dimensiones, recordando una antigua reforma tributaria que pretendía aumentar la recaudación y al mismo tiempo generar efectos positivos sobre la inversión. Como se recordará, el resultado real fue muy distinto.