El Presidente Gabriel Boric anunció la creación de una Comisión por la Paz y el Entendimiento con el específico mandato de “determinar con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuches y proponerle al país mecanismos concretos para saldar y reparar esta deuda del Estado de Chile”.

La propuesta sigue las recomendaciones de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, implementada por el expresidente Ricardo Lagos, y de la Comisión Asesora de la expresidenta Michelle Bachelet.

Mientras la primera propuso una “Corporación de Reparaciones” para efectuar un catastro de las reclamaciones “originadas exclusivamente en la pérdida de tierras incluidas en los títulos de dominio” y determinar cuándo “procede que el Estado restituya o compense”, la denominada Comisión Vargas recomendó una “Comisión especial de tierras indígenas” que, en base a un catastro actualizado, “evalúe las reclamaciones por resolver, las analice en su mérito y haga una recomendación al Estado”, incluyendo la posibilidad de plantear “beneficios alternativos a la tierra” y, muy importante, el “impedimento en la reutilización de un mismo título para nuevas reclamaciones” (situación que ha motivado la subdivisión y creación de nuevas comunidades).

También la rechazada propuesta de Constitución proponía en su articulado transitorio una “Comisión Territorial Indígena”, con el objeto de determinar catastros y restituciones, aunque sin profundizar en las condiciones que requiere una instancia de esta naturaleza para su buen cometido.

Que diversas instancias, en diferentes momentos y conformaciones, hayan llegado a conclusiones similares evidencia el consenso respecto de la necesidad de abordar la demanda de tierras bajo parámetros objetivos, pero también refleja la lentitud y falta de acuerdo que ha existido para llevar adelante una solución definitiva a un problema que, como reflejan las encuestas, no es solamente de tierras, pero también es de tierras.

Aunque no se conocen las características concretas de esta propuesta de nueva comisión, de las palabras del Presidente Boric se desprenden condiciones importantes: un catastro, reclamaciones en base a títulos del Estado o con “respaldo técnico”, mecanismos y plazos concretos (2025) y opciones diferentes de reparación porque “no será posible restituir todas las tierras”, tal como lo entendió el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en su histórico acuerdo de compensación al pueblo siksika.

“La Comisión entiende que a los actuales propietarios de estas tierras nada puede serles, personalmente, reprochado”, dice el informe entregado al expresidente Lagos en 2003, y añade que, por lo mismo, antes que un problema entre particulares, se trata de un asunto público, que el Estado en su conjunto debe abordar y resolver.

Aunque, según Conadi, las demandas de tierras en manos de empresas forestales no superan el 15% del total requerido por comunidades, nosotros hemos manifestado reiteradamente nuestra disposición a dialogar y ser parte de la solución a un problema que nos antecede como sector, que se extiende por ya demasiado tiempo y que puede ser asumido y delimitado por una comisión que, en plazo razonable, aborde las demandas por única vez, de forma técnica y objetiva.

No cabe duda de que la conformación de esta instancia será clave para alcanzar sus objetivos con respaldo y seriedad. Como advirtió la propuesta de 2003, se requiere una integración “que garantice su imparcialidad, competencia técnica y sentido histórico”.

Luis Felipe Gazitúa A.
Presidente Empresas CMPC