La anulación del Estado de Derecho se ha venido produciendo tanto por la pasividad de quienes tienen la obligación de resguardarlo como por un conjunto de acciones positivas en su contra.

Entre estas últimas, hay palabras orales o escritas que en sí mismas pueden ser delitos —injurian, calumnian o maltratan a alguien en concreto— y otras, aún más dañinas, porque no particularizan a su víctima, sino que abren todo un mundo de posibilidades a la vulneración del derecho y, en algunos casos, al despliegue del odio y de la violencia.

Cuatro son las situaciones recientes que interesa comentar. En tres de ellas nos constan las palabras que generan la preocupación ciudadana, mientras que en la cuarta estamos en presencia de una denuncia, en parte desmentida, pero ratificada después por el afectado. Y se trata de declaraciones formuladas nada menos que por alcaldes, esas autoridades públicas que, durante buena parte de nuestras crisis recientes, han gozado de notable apoyo ciudadano.

Vamos caso a caso, y de mayor a menor.

Daniel Jadue —el comunista con licencia para agredir, facilitando así cierta “moderación” a las posturas oficiales del PC— se ha permitido un llamado a crear “frentes antifascistas” para “detener” a las fuerzas que él califica de ultraderechistas. ¿Qué tiene en su cabeza el edil? ¿Brigadas callejeras armadas? ¿Medios de comunicación tradicionales o de la red, que ataquen coordinadamente a dirigentes sociales y políticos de la derecha? ¿Profesores que mientan en clases lavando cerebros? Un “frente para detener” puede ser eso y algo más. Pero, fuese lo que fuese, en ningún caso podría enmarcarse en un Estado de Derecho, si sus armas fuesen la violencia, la mentira y el odio.

Paralelamente, la alcaldesa Irací Hassler, de Santiago, es acusada de haberles indicado a los directores de los liceos de la comuna que la Ley Aula Segura no sería aplicable en sus establecimientos. El desmentido de la Municipalidad ha sido, a su vez, calificado como mentiroso por el denunciante. Si efectivamente se entregó esa instrucción, estaríamos frente a otro hecho gravísimo: desde un municipio comunista se estaría amparando a los jóvenes violentistas que destruyen la educación y alteran casi a diario la convivencia ciudadana. Quizás haya ahí un indicio de qué puede esperarse de los “frentes antifascistas” de Jadue.

Una tercera situación afecta a la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, quien dos años atrás aconsejaba a los usurpadores de un terreno en Placilla mentir descaradamente ante los eventuales requerimientos de la PDI. Hoy justifica sus dichos asegurando que sus palabras eran las obvias de cualquier abogado. Por lo tanto, la alcaldesa estima que todo abogado debe amparar una toma de terrenos y enseñarles a los delincuentes a mentirle a la autoridad. Es un desprecio formal a la justicia, a las normas vigentes sobre propiedad y a la dignidad de la policía.

Cierra el cuarteto el alcalde de Quillota, Óscar Calderón, quien, dentro de un conjunto de filigranas verbales, ha sostenido que el costo de la demolición de las casas levantadas en un terreno usurpado debiera ser del propietario. Con su tesis se consolida un Estado ausente para prevenir, para desalojar y, eventualmente, para reparar el daño causado por el delito. Quizás esa doctrina llegue a los tribunales y haya jurisprudencia apoyando la tesis del alcalde, porque ya se han visto notables sentencias en materias análogas. Así, mientras en otros casos quienes se consideran víctimas piden y obtienen cuantiosas reparaciones, en este, “repárese a sí mismo”.

Ténganse en cuenta estos desvaríos en la próxima elección municipal.